La administración del presidente Donald Trump triplicó el número de países cuyos ciudadanos deben depositar una fianza económica para solicitar el ingreso a los Estados Unidos. Entre las nuevas incorporaciones a esta lista de vigilancia destacan Cuba y Venezuela, lo que hará que el proceso sea inasequible para miles de solicitantes.
La medida, que entrará en vigor el próximo 21 de enero, busca disuadir a los visitantes de permanecer en el país más tiempo del permitido por sus visados de turismo o negocios.
Detalles del nuevo requisito económico
Según el Departamento de Estado, los oficiales consulares determinarán el monto de la fianza durante la entrevista personal. Los puntos clave de la normativa incluyen:
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Montos de la fianza: Los depósitos serán de $5.000, $10.000 o $15.000 dólares.
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Método de pago: Los solicitantes deben realizar el depósito a través de la plataforma oficial Pay.gov del Departamento del Tesoro.
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Condición de reembolso: El monto será devuelto si la visa es denegada o una vez que el titular demuestre que cumplió con los términos de su estadía al salir del país.
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Puertos de salida designados: Quienes paguen la fianza deben entrar y salir obligatoriamente por los aeropuertos JFK (Nueva York), Dulles (Washington D.C.) o Logan (Boston).
Contexto de la política migratoria
Esta decisión se suma a una serie de restricciones impuestas desde el inicio de la actual administración en enero de 2025. Además de la fianza, los ciudadanos de los 38 países afectados deben someterse a entrevistas presenciales, revelar historiales detallados de sus redes sociales y entregar relatos minuciosos de sus viajes previos.
La inclusión de Venezuela en esta lista ocurre apenas días después de que el dictador Nicolás Maduro fuera capturado por fuerzas estadounidenses y trasladado a una prisión en Nueva York.
Países afectados en la región
Con la actualización de la lista, un total de 38 naciones de África, Asia y América Latina están bajo este régimen de fianzas. En el hemisferio occidental, los países sujetos a esta política son:
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Cuba
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Venezuela
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Antigua y Barbuda
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Dominica
Organizaciones de derechos humanos han criticado la medida asegurando que vulnera el debido proceso, mientras que los aliados del gobierno sostienen que es una herramienta necesaria para fortalecer la seguridad nacional.