WASHINGTON DC – El Comité de Relaciones Exteriores del Senado dio luz verde en la aprobación del proyecto de Ley “Reforzando la Adhesión de Nicaragua a Condiciones por Reforma Electoral 2021”, (RENACER) con la que busca ampliar el régimen de sanciones de Estados Unidos en contra del gobierno de Daniel Ortega por múltiples violaciones a derechos humanos.
La iniciativa que asciende al pleno del Senado con amplio apoyo bipartidista pide se “investigue a fondo los activos y tenencias de las Fuerzas Armadas de Nicaragua en los Estados Unidos y considere acciones apropiadas para responsabilizar a dichas fuerzas por violaciones a los derechos humanos”, según el borrador de 25 páginas.
El senador Robert Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado dijo que “Nuestro proyecto de ley bipartidista requiere sanciones contra funcionarios del régimen de Ortega y una investigación completa sobre el dinero que las Fuerzas Armadas de Nicaragua han invertido en Estados Unidos”.
Y su colega Marco Rubio, jefe de la minoría republicana en el Subcomité para Asuntos del Hemisferio Occidental agregó que “Ahora que el Comité de Relaciones Exteriores en el Senado aprobó mi proyecto de ley, trabajaremos para que sea aprobado en el pleno del Senado lo antes posible».
Esta sería la primera vez que el gobierno de Estados Unidos señala directamente a la institución castrense como parte responsable en la escalada de violencia contra la población civil del país centroamericano, dice Oswaldo León portavoz de la Coalición para la Liberación de Nicaragua, desde Washington.
Semanas atrás -agrega León- solo se había implicado en la lista de sancionados a un alto jefe del ejército como individuo, no así a la Policía Nacional ya señalada como institución.
Se refiere a Julio Rodríguez, General de Brigada del Ejército que fue incluido en la lista de sanciones del Departamento de Estado, que señala a dicha institución de apoyar a la policía y los paramilitares que abusaron de los derechos humanos de los manifestantes en las protestas que iniciaron en abril de 2018 y que dejó al menos unos 300 muertes.
El borrador de la ley RENACER faculta coordinar en la diplomacia con la Organización de Estados Americanos, OEA, el gobierno de Canadá, la Unión Europea y los países del continente americano para elevar el nivel de sanciones bajo la Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua de 2018.
La normativa que debe ser aprobada también por el Congreso y llegar al despacho del presidente Joe Biden para su promulgación con lo que se busca a la brevedad posible que se “Incluyan medidas para celebrar elecciones libres, justas y supervisadas por observadores creíbles nacionales e internacionales”, dicta el borrador, referente al proceso previsto para el 7 de noviembre próximo en Nicaragua.
El senador Robert Menéndez agregó luego de la sesión del comité que “El desespero de Daniel Ortega por atornillarse en el poder le ha constado la poca legitimidad que le quedaba. Habrán consecuencias para quienes intenten robarle al pueblo nicaragüense su derecho a elecciones libres y justas”, puntualizó.
Fuente: VOA