La Fiscalía General ecuatoriana denunció el martes que su edificio central está siendo atacado por manifestantes indígenas y pidió ayuda a la policía y las fuerzas armadas, mientras las protestas se tornaban más violentas en varios sectores de Quito.
En un comunicado la institución señaló que “se han tomado acciones para precautelar la integridad de los funcionarios y se han puesto a buen recaudo los expedientes e información sensible… con el fin de que ningún incidente ponga en riesgo las investigaciones y procesos en marcha”.
Fotografías de medios locales mostraron las puertas destruidas y otros daños en la Fiscalía, ubicada cerca de uno los principales focos de las protestas, la Universidad Salesiana.
En protestas similares ocurridas en octubre de 2019, cuando los indígenas se manifestaron en contra de la eliminación parcial de un subsidio a los combustibles, un grupo ingresó a la Contraloría General, destruyó expedientes y quemó el edificio.
En la cuenta de Twitter, la Fiscalía aseveró que abrió una investigación “tras la presunta contaminación de las vertientes de agua que ingresan a las plantas de tratamiento” de la ciudad andina de Ambato, de unos 170.000 habitantes, desde donde reportaron que en al menos siete sectores el agua sale de color oscuro y con olor a aceite automotriz quemado.
Durante la jornada, en que la capital quedó virtualmente paralizada y con desabastecimiento de alimentos y gas, se han registrado constantes enfrentamientos de los indígenas y campesinos con agentes del orden. A primera hora vehículos de los manifestantes perseguían y bloqueaban a los autobuses del transporte público para pincharles las llantas y obligar a los pasajeros a caminar.
Las universidades, la iglesia, la delegación de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos -entre otras 300 instituciones- hicieron pública una invitación al gobierno y a los indígenas para “llegar a acuerdos que permitan enfrentar la grave crisis económica, social y política que atraviesa Ecuador”. El gobierno aceptó de inmediato el llamado, pero los indígenas no se han pronunciado.
El Palacio de Carondelet, la sede del gobierno nacional, amaneció fuertemente resguardado por cientos de policías y militares, vallas y alambres de púas.
En tanto, el ministro de Defensa, Luis Lara, advirtió que la democracia está en riesgo. En una cadena de radio y televisión afirmó que las fuerzas armadas contemplan con enorme preocupación “el crecimiento de la violencia por parte de quienes han rechazado el diálogo”.
Añadió que “estas acciones van más allá de la protesta ciudadana, se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia, amenazar a las instituciones. Las fuerzas armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional”.
El Ministerio de Energía declaró el estado de fuerza mayor para todas las operadoras de exploración y explotación de hidrocarburos y todas las fases de la industria para evitar posibles demandas por incumplimiento de contratos.
Las protestas y la sucesiva toma de pozos petroleros han obligado a apagar cerca de 609 pozos de producción en la Amazonia con una pérdida diaria de producción de unos 30.000 barriles, equivalente a 17 millones de dólares.
Desde el lunes de la semana pasada la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la mayor de su tipo, mantiene un paro nacional por tiempo indeterminado que ha afectado especialmente a seis provincias del centro norte ecuatoriano en demanda de la reducción del precio de la gasolina, la fijación de precios de los productos agropecuarios y mayor presupuesto para la educación, entre otros reclamos.
Se espera que en las próximas horas esa organización responda al presidente, que el fin de semana envió un documento con respuestas a los pedidos.
Las manifestaciones han ocasionado el bloqueo intermitente de vías impidiendo el paso de vehículos particulares y de carga.
Fuente: AP
