Alberto Carvallo (Foto AP)
El Distrito Escolar del Condado Miami-Dade se sumó a un número cada vez más grande de distritos escolares que cuestionan la constitucionalidad de una nueva ley de educación de la Florida.
En una reunión de la Junta Escolar esta semana, los miembros de la junta votaron unánimemente para sumarse a una demanda que busca anular partes de un proyecto de ley que algunos críticos afirman se redactó para afianzar aun más las fortunas de la políticamente poderosa industria de las escuelas charter. Una claúsula obliga a los distritos escolares a compartir con las escuelas charter el dinero de impuesto local destinado a la construcción y mantenimiento de escuelas, en tanto otra claúsula limita la autoridad que tiene la junta sobre las escuelas charter.
“Tenemos quue tener el valor de hacer lo que es correcto”, dijo Dorothy Bendross-Mindingall, miembro de la junta que supervisa el sistema escolar más grande de toda la Florida. “Tenemos que hacer lo que es justo y luchar por los niños, ya que ellos no pueden hacerlo”.
Miami-Dade es uno de los siete distritos que hasta ahora se han comprometido, pero ninguno ha presentado una demanda en contra de lo que se conoce como Proyecto de Ley de la Cámara 7069. A principios de julio, las escuelas del Condado Broward se convirtieron en las primeras en hacerlo, seguidas por escuelas de los distritos escolares de los condados St. Lucie, Volusia, Lee, y Bay. El miércoles, Palm Beach también votó a favor de autorizar una demanda colectiva.
En total, incluyendo un compromiso de $30,000 por parte de Miami-Dade, los distritos han separado $150,000 para enfrascarse en una potencial batalla legal. Se trata de una cifra modesta para lo que podría ser un gran enfrentamiento político y legal, retando la autoridad de los distritos escolares locales contra el poder que gozan los legisladores de la Florida en lo referente a dictar la política de educación.
Aunque la junta aprobó una demanda potencial, también envió una señal de que Miami-Dade preferiría no tomar acción legal. Los miembros estuvieron de acuerdo en mandar una carta donde le pedirían a líderes estatales que se celebre una sesión legislativa especial para discutir el impacto de la ley en las juntas escolares antes de dar ningún paso.
Otros condados podrían más temprano que tarde unirse a la oposición. Por lo menos 10 distritos adicionales dijeron estar considerando presentar una demanda, según un sondeo de opinión que realizó a finales de julio el Herald/Times en los 67 distritos escolares de la Florida. Se desconoce quién presentará la demanda, si bien el superintendente de las escuelas de Miami-Dade Alberto Carvalho indicó en la reunión del miércoles que los distritos se inclinan hacia la posibilidad de presentar una sola demanda y sumarse a ella.
La demanda es el último paso dado en una enconada batalla por las leyes de educación, pelea que no ha dejado de provocar controversia desde que se aprobó en los días finales de la sesión legislativa de 2017. Los directivos escolares, sindicatos de maestros y grupos de padres le pidieron infructuosamente al gobernador Rick Scott que vetara el proyecto de ley, tras argumentar que muchas de las cláusulas favorecen a las escuelas charter a expensas de las escuelas públicas tradicionales.
