La cárcel de mujeres Lowell, en el centro de Florida, es el escenario de recurrentes casos de abusos de autoridad por parte de los oficiales de este centro penitenciario, un lugar en donde prevalece «la corrupción, el tormento y el abuso sexual», según una investigación que publica hoy el periódico Miami Herald.
Con cerca de 7.000 reclusas, el centro correccional es señalado como la mayor cárcel de mujeres de Estados Unidos y, de acuerdo al periódico, diversos documentos judiciales revelan que las presas se han quejado contra los guardias del Departamento de Cárceles de Florida (FDC, por su sigla en inglés) por malos tratos y abusos.
El reportaje, que inicia hoy una serie que continuará a lo largo de la semana, señala que a las reclusas de este presidio «les escupen en la cara, las amenazan con lanzarlas contra el concreto y las llaman prostitutas, perras y monas», según varias reclamaciones presentadas entre el año 2011 y hasta mayo de 2015.
«Los guardias -tanto hombres como mujeres- aprovechan sus cargos de poder para presionar a las reclusas a tener relaciones sexuales y a realizar actos indecentes», en encuentros que ocurren en baños, lavanderías, armarios y estaciones de los guardias, agrega el medio, que en su extenso informe cita el testimonio de algunas reclusas.
La funcionaria de prisiones del centro, Angela Gordon, minimizó las quejas al señalar al diario que no son tan graves como afirman las presas, las cuales tienden a «mentir y manipular para poner en problemas a los guardias».
Por su parte, la secretaria de FDC, Julie Jones, reconoció que antes de asumir el cargo en enero pasado que el centro penitenciario estaba «muy mal administrado», y por ello despidió a algunos directivos, contrató a más de un centenar de nuevos guardias y efectuó cambios en el reglamento.
No obstante, para Ric Ridgway, el asistente de la Fiscalía Estatal del Condado Marion, donde se asienta el presidio, es evidente que en Lowell hay una actividad sexual «parecida a la prostitución», y si bien gran parte es de carácter consensual ello no quita que se cometan delitos.
«Algunos de estos problemas y quejas están bien fundados, y pasan cosas que son claramente ilegales y no debían ocurrir», manifestó el asistente de la fiscalía al diario, tras recordar que si un guardia mantiene relaciones sexuales con una reclusa está cometiendo un delito de tercer grado.
Nancy G. Abudu, directora legal de la ACLU de la Florida, dijo al medio que su organización ha recibido en los últimos meses las quejas de varias mujeres de Lowell que alegan haber sido obligadas a tener sexo mediante amenazas e intimidación.
Abudu afirmó que ACLU investiga si es que ello constituye «una violación internacional de los derechos humanos».