El comisionado de Miami, Joe Carollo, acudió a la corte Federal para pedir detener la venta de su casa para pagar parte de un veredicto civil de 63,5 millones de dólares en su contra. La audiencia de emergencia se llevó a cabo la mañana de este viernes.
La magistrada federal Lauren Louise acordó detener la venta por subasta de la casa de Coconut Grove del comisionado de Miami Joe Carollo. La fecha establecida por los US Marshalls era el 19 de marzo, pero ya no va a ocurrir.
Se vivieron momentos de tensión afuera de la corte al terminar la audiencia cuando Billy Corbin, director de documentales y activista confrontó a Carollo para preguntarle hasta cuando la ciudad iba a pagar por sus abogados defensores. Los ánimos se caldearon y Carollo y Corbin tuvieron una fuerte discusión.
Durante la audiencia, los abogados de Carollo argumentaron que la casa de Carollo está protegida bajo la Constitución de la Florida, simplemente porque es el lugar donde él y su esposa residen. Los abogados de los demandantes afirman que él abandonó esa casa durante siete años para vivir en La Pequeña Habana y poder representar el Distrito 3 y que sólo se mudó de nuevo a la casa cuando las nuevas líneas fueron diseñadas a propósito para incluir su casa en el Distrito 3 y protegerla de cualquier demanda.
Además, pidieron más tiempo para respaldar ese argumento. Los abogados de los demandantes dijeron que de forma voluntaria estaban dispuestos a decirle a los alguaciles federales que detuvieran la venta y la jueza también lo puso en una orden.
Durante la audiencia, el abogado de los demandantes también pidió que la corte ordenara que Carollo entregara información financiera sobre la corporación de su esposa, que ellos alegan gana dinero a través de contratos de la ciudad.
El martes 20 de febrero un juez federal negó el martes los intentos del comisionado de Miami de desestimar o reducir la sentencia de derechos civiles de 63,5 millones de dólares dictada en su contra el año pasado.
El juez Rodney Smith rechazó los argumentos de Carollo de que el jurado se equivocó al declararlo responsable, que la indemnización otorgada fue excesiva y que el juez cometió varios errores que probablemente habrían cambiado el resultado del juicio de varias semanas que terminó con un veredicto el 1 de junio.
