BUENOS AIRES (AP) — Opositores y miembros del poder judicial cuestionaron el martes la propuesta de la presidenta Cristina Fernández de transparentar los servicios secretos, cuyas falencias e irregularidades se evidenciaron a raíz de la muerte del fiscal que denunció a la mandataria como supuesta encubridora de los sospechosos iraníes de un atentado a un centro judío.
Mauricio Macri, alcalde de Buenos Aires, candidato a presidente y uno de los principales dirigentes de la oposición, rechazó el proyecto oficialista de crear una nueva agencia de inteligencia, al sostener que Fernández «no tiene autoridad en este tema» y dijo tener desconfianza sobre cuáles serían las verdaderas intenciones de la mandataria.
La presidenta intentó retomar la iniciativa política en la víspera con una aparición pública retransmitida por televisión en la que descalificó la denuncia que hizo en su contra el fiscal Alberto Nisman de ser la ideóloga de un plan para garantizar la impunidad de ex funcionarios iraníes en el atentado en 1994 a un centro judío en Buenos Aires y una propuesta de reforma del servicio de inteligencia cuyo desempeño ha estado bajo sospecha desde hace décadas.
«La secretaría de inteligencia no va a cambiar con un cambio de nombre… el cambio se va a dar si la política ejerce el poder de otra manera… En los últimos años la secretaría nos transmitió más miedo que seguridad», dijo Macri a periodistas sobre la intención de Fernández de que el Congreso trate un proyecto de ley que contempla la disolución de la actual Secretaría de Inteligencia, que depende del Poder Ejecutivo, y la creación de una Agencia Federal de Inteligencia.
Tras la muerte de Nisman, el 18 de enero, quedó al desnudo ante la opinión pública la existencia de guerras internas en el seno de los servicios secretos. La presidenta ha reiterado que la denuncia de Nisman se basó en datos falsos suministrados por un ex jefe de espías que junto a sus colaboradores fue removido de los servicios secretos por Fernández a fines del año pasado.
Macri coincidió con otros opositores y miembros del poder judicial que no es apropiado que las intervenciones telefónicas pasen de la órbita de los propios servicios secretos a la del Ministerio Público Fiscal, al considerar la jefatura de la Procuración no es independiente.
Al respecto, el presidente de la Asociación de Fiscales Carlos Donoso Castex, dijo al canal Todo Noticias que «si lo que se persigue es transparencia y una modificación seria sobre la actual situación no se observa motivo por el que cual deba ser trasladado (el sistema de escuchas) al Ministerio Público Fiscal… es razonable que eso esté en la órbita del poder judicial y específicamente de la Corte Suprema».
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