El gobierno de Cuba no subsidiará más una serie de medicamentos y anunció un incremento sustancial en los precios de las medicinas.
Los cubanos ahora tendrán ahora que desembolsar fuertes sumas para comprar medicamentos, en el marco de su reforma económica, que comenzará a regir a partir del primero de enero, anunció el fin de semana en a televisión nacional la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss.
Entre los medicamentos que subirán considerablemente de precios están algunos muy utilizados por los cubanos. Un analgésico como la dipirona (Metimazol sódico), por ejemplo, costará 13 veces más —de 3,50 pesos a 47,80 pesos (casi $2)— mientras que un antibiótico como la amoxicilina costará entre 18 y 33 pesos.
Durante décadas Cuba ha presumido de un sistema de salud gratuito que es considerado “un logro de la revolución” encabezada por Fidel Castro. El fin de los subsidios soviéticos en los años 90 hizo que el gobierno destinara menos recursos a la medicina, lo cual se ha visto reflejado en el deterioro del sistema.
Bolaños dijo que el gobierno seguirá subsidiando algunas medicinas, como las que se venden de forma controlada en las farmacias cubanas. “El Presupuesto contempla más de 7 mil millones de pesos para subsidios de medicamentos”, dijo.
Otros medicamentos no serán subsidiados, explicó, “aquellos que en un momento puntual la persona necesite, ya sean importados o de fabricación nacional”.
Casi un 20 por ciento de la población cubana supera los 60 años de edad, según un estudio publicado recientemente por el gobierno, que ve el envejecimiento como “el principal desafío demográfico” de la nación.
Maritza Martínez, una diabética de 69 años de Cienfuegos, dijo que agradecía que los medicamentos “controlados” sigan siendo subsidiados por el gobierno.
“Yo tomo glibenclamida, que me cuesta 1,80 pesos. El problema es que casi nunca hay. Tienes que estar detrás de las farmacéuticas haciendo colas el día entero. Lo mismo con las lancetas para medirme el azúcar”, dijo.
Cuba atraviesa por una severa crisis económica y busca eliminar subsidios y obtener divisas para mantener a flote su economía, duramente golpeada por la ineficiencia de las empresas estatales, la pandemia del COVID y la reducción de las ayudas del régimen de Nicolás Maduro.
El gobierno anunció un amplio plan de reformas de precios que incluye la eliminación del peso cubano convertible y una subida sustancial de precios, salarios y pensiones. Se prevé un incremento de la inflación y la quiebra de decenas de empresas estatales.
Entre las medidas más impopulares anunciadas por el gobierno está la subida de los precios de la electricidad y un corralito para los dólares en bancos cubanos.
“Yo no sé cómo va a hacer la gente para pagar la electricidad, los precios de la bodega (canasta báscica) y ahora también los medicamentos”, dijo Antonia Sánchez, una jubilada de 71 años que reside en Ciego de Ávila.
“Si antes no me alcanzaba con mi pensión de 350 pesos [unos $14 al mes] imagínate ahora con los precios por las nubes y las tiendas desabastecidas”, dijo Sánchez.
La mujer dijo que en su barrio “no se habla de otra cosa”.
“Todo el mundo está intentando comprar la mayor cantidad de medicinas y comida porque el 2021 viene muy malo”, dijo.
TAMBIÉN LOS DOCUMENTOS LEGALES COSTARÁN MÁS
La Gaceta Oficial No. 77 Extraordinaria, emitida el pasado 18 de diciembre, establece una fuerte subida de precios para la obtención de documentos legales como certificaciones de nacimiento, matrimonio, defunción, antecedentes penales, actos de última voluntad y declaratorias de herederos, que ahora costarán 1,250 pesos, cerca de $52.
Obtener un certificado de divorcio costará 3,750 pesos ($156) mientras que la certificación de capacidad legal tendrá un costo de 2,500 pesos ($104).
Para quienes desean trabajar o estudiar en el extranjero, la situación será aún peor porque necesitarán pagar hasta $260 por la obtención de certificación de notas y títulos y la del plan temático de estudios, mientras que la obtención de programas de estudio se elevará hasta los 8,750 pesos, unos $364 dólares.
“El gobierno ve a quienes queremos emigrar como una fuente inagotable de dinero”, dijo Michelle, un ingeniero informático que está ultimando los trámites para viajar a Guyana con el objetivo de seguir hacia Uruguay y quien pidió no revelar su apellido por temor a represalias del gobierno.
“Para poder trabajar en mi especialidad en Montevideo necesito llevar todos los documentos que respalden mis estudios legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Ellos lo saben y se aprovechan”, dijo el joven.
Fuente: El Nuevo Herald
