La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este viernes que los jueces federales individuales carecen de autoridad para emitir órdenes judiciales que bloqueen políticas gubernamentales a nivel nacional. Esta decisión, que representa una importante victoria para la administración del presidente Donald Trump, le autoriza a tomar medidas para implementar su polémica orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía automática por derecho de nacimiento. No obstante, el tribunal no se pronunció sobre el fondo de la constitucionalidad de la medida.
El fallo, adoptado por una mayoría conservadora de 6 votos contra 3, limita significativamente una herramienta judicial que ha sido frecuentemente utilizada en los últimos años para suspender la implementación de políticas tanto de administraciones demócratas como republicanas. La opinión mayoritaria, redactada por la jueza Amy Coney Barrett, sostuvo que los tribunales inferiores solo deben emitir órdenes que sean «necesarias» y no «más amplias de lo necesario», aplicándose a las partes específicas de una demanda. Sin embargo, la resolución establece un período de 30 días antes de su plena entrada en vigor, abriendo la puerta a que se presenten nuevas acciones legales, como demandas colectivas, para desafiar las órdenes ejecutivas de Trump.
Implicaciones para la ciudadanía por nacimiento
La decisión deja en el aire el destino final de la controvertida propuesta de Trump de redefinir la ciudadanía por nacimiento, la cual había sido considerada «patentemente inconstitucional» por todos los tribunales que la habían examinado hasta ahora. La interpretación tradicional de la Enmienda 14 de la Constitución ha concedido la ciudadanía automática a casi todas las personas nacidas en territorio estadounidense por más de 150 años, bajo el principio de «jus soli» (derecho de suelo).
La orden ejecutiva de Trump, emitida el primer día de su segundo mandato, apenas minutos después de su juramentación en enero, busca limitar este derecho. Concretamente, pretende que la ciudadanía por nacimiento solo se otorgue a hijos de madres con un estatus legal permanente en el país, o si al menos uno de los progenitores es ciudadano estadounidense o residente permanente. También busca que el gobierno federal no reconozca como ciudadanos a los niños nacidos de madres con estatus legal pero temporal si el padre no era ciudadano o residente permanente legal al momento del nacimiento.
El presidente Trump ha defendido vehementemente su postura. «¡La ciudadanía por nacimiento no fue concebida para que la gente se tomara vacaciones para convertirse en ciudadanos permanentes de los Estados Unidos de América, trayendo consigo a sus familias, y riéndose todo el tiempo de los ‘tontos’ que somos!», publicó en su plataforma Truth Social.
Dura disidencia de los jueces liberales
La resolución provocó una dura reacción por parte de los jueces liberales del tribunal. La jueza Sonia Sotomayor leyó un resumen de su disenso desde el estrado, calificando la decisión como «una parodia para el estado de derecho». Sotomayor, a quien se unieron los jueces Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson en su opinión disidente, acusó a la mayoría de permitir al gobierno «jugar con los derechos constitucionales».
«Ningún derecho está a salvo en el nuevo régimen legal que la Corte crea», escribió Sotomayor, advirtiendo que la decisión permite a la rama ejecutiva «violar la Constitución» con respecto a quienes no son parte de una demanda, lo que representa «una amenaza existencial para el estado de derecho». Por su parte, la jueza Jackson calificó los argumentos técnicos sobre la autoridad judicial como una «cortina de humo» para otorgar al presidente un «poder sin control y arbitrario».
El presidente Donald Trump, quien había criticado duramente a los jueces que bloqueaban su agenda con estas órdenes a nivel nacional, celebra el resultado como una victoria que le permitirá avanzar en sus planes.