La Corte Suprema de Estados Unidos está a punto de enfrentarse a un nuevo caso de elecciones, una impugnación liderada por los republicanos que pide a los jueces un fallo novedoso que podría aumentar significativamente el poder de los legisladores estatales sobre las elecciones al Congreso y a la presidencia.
El máximo tribunal del país tiene previsto escuchar los argumentos el miércoles en un caso de Carolina del Norte, donde los esfuerzos republicanos por trazar distritos congresuales fuertemente a su favor fueron bloqueados por una mayoría demócrata en la Corte Suprema del estado porque el mapa del Partido Republicano violaba la constitución del estado.
El mapa trazado por el tribunal arrojó siete escaños para cada partido en las elecciones de mitad de período del mes pasado en la muy competitiva Carolina del Norte.
La cuestión para los jueces es si la disposición de la Constitución de Estados Unidos que otorga a las legislaturas estatales el poder de establecer las normas sobre “tiempos, lugares y formas” de las elecciones al Congreso excluye a los tribunales estatales del proceso.
“Este es el caso más importante sobre la democracia estadounidense -y para la democracia estadounidense- en la historia de la nación”, dijo el ex juez federal Michael Luttig, un prominente conservador que se ha unido al equipo legal que defiende la decisión del tribunal de Carolina del Norte.
Los líderes republicanos de la legislatura de Carolina del Norte dijeron a la Corte Suprema que las “líneas cuidadosamente trazadas de la Constitución ponen la regulación de las elecciones federales en manos de las legislaturas estatales, del Congreso y de nadie más”.
Tres jueces conservadores ya han expresado cierto apoyo a la idea de que el tribunal estatal se había apropiado de los poderes que otorga la Constitución en lo que respecta a las elecciones federales. Un cuarto ha escrito con aprobación sobre la limitación del poder de los tribunales estatales en este ámbito.
Pero la Corte Suprema nunca ha invocado lo que se conoce como la teoría de la legislatura estatal independiente. Sin embargo, fue mencionada en una opinión separada por tres conservadores en el caso Bush contra Gore que resolvió las elecciones presidenciales de 2000.
Si el tribunal la reconociera ahora, los opositores al concepto argumentan que los efectos podrían ser mucho más amplios que la simple redistribución de distritos.
El fallo más contundente para los republicanos de Carolina del Norte podría socavar más de 170 disposiciones constitucionales estatales, más de 650 leyes estatales que delegan la autoridad para hacer políticas electorales a los funcionarios estatales y locales, y miles de regulaciones hasta la ubicación de los centros de votación, según el Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
Fuente: AP
