WASHINGTON.— La Corte Suprema extendió este viernes el plazo para que la Administración de Donald Trump pueda excluir del Censo de 2020 a los inmigrantes indocumentados para la designación de escaños en la Cámara de Representantes.
La decisión de la máxima corte, que no fue firmada, fue tomada con 6 votos a favor y 3 en contra de los jueces progresistas Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Stephen Breyer, quienes afirmaron que hubiesen rechazado el plan que presentó Trump, en un memorándum el 21 de julio, para no contar a los indocumentados.
Aunque con esta decisión la Corte Suprema efectivamente ha desechado una demanda de grupos cívicos contra el plan de Trump por considerarla prematura, es poco probable que tenga un efecto inmediato.
En todo caso, la Corte Suprema dejó entrever que Trump se le acaba el tiempo y posiblemente no pueda siquiera poner en marcha su plan. Aún si lo intenta, enfrentaría más demandas de los estados afectados, que entorpecerían su intención.
“Este caso está plagado de condicionamientos y especulación. La política podría no tener una implementación viable en absoluto”, afirmó el tribunal en una breve declaración.
Lo que quiere Trump, lo que dice la Constitución
La Corte Suprema realizó el pasado 30 de noviembre una audiencia oral sobre el plan en el caso conocido como Trump v. New York, en el Gobierno federal pretende excluir a la población indocumentada del conteo decenial para efectos de la designación de los 435 escaños de la Cámara de Representantes.
Varios grupos cívicos presentaron una demanda contra esta iniciativa, argumentando que la Constitución exige un conteo nacional de todos los habitantes, sin importar sus estatus legal o migratorio.
Nunca antes se ha excluido del censo a un habitante por este motivo, ya que la Constitución exige también se cuenta a toda persona que reside en el país para la representación política en el Congreso.
El caso llegó a la máxima corte después de que un tribunal federal en Nueva York bloqueó la orden de Trump en un dictamen emitido en septiembre pasado.
Dale Ho, director del proyecto de Derechos de los Votantes de la Unión de Libertades Civiles de EEUU, dejó en claro este viernes que la decisión que tomó ahora la Corte Suprema sólo se refiere a extender el plazo en el que la Administración Trump debe justificar su plan, y no sobre sus méritos.
Es decir, el tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad del plan. Tampoco está autorizando que el Gobierno de Trump comience a excluir a los cerca de once millones de inmigrantes indocumentados del conteo.
Ho dijo que ACLU continuará su lucha contra el plan de Trump, con una nueva demanda si es necesario.
Cómo afecta al Congreso y a las comunidades migrantes
La Oficina del Censo tiene plazo hasta el próximo 31 de diciembre para entregar a la Casa Blanca dos conjuntos de datos del Censo de 2020, pero es más que probable que no pueda cumplirlo.
En concreto, la agencia prevé entregar la cifra total del conteo nacional y, por separado, la cifra que excluye a la población indocumentada.
De acuerdo al plan de Trump, la Casa Blanca le daría al Congreso la segunda cifra, que no incluye a las personas sin estatus legal, para que se determine la distribución de los 435 escaños de la Cámara de Representantes.
El Gobierno federal tiene datos sobre la cantidad de indocumentados bajo custodia del Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), pero esa cifra es parcial, indicó el abogado de la Administración ante la Corte, Jeffrey B. Wall, en la audiencia realizada. Este número, reconoció, probablemente no es significativo como para afectar cómo se distribuyen los escaños.
Trump concluirá su mandato el próximo 20 de enero, pero, si logra implementar su plan, estaría afectando el equilibrio político entre los dos partidos en el Congreso en la próxima década.
Eso se debe a que los distritos electorales en estados con alta población indocumentada –generalmente demócratas– podrían perder escaños en la Cámara de Representantes, que se sumarían en vez a distritos bajo dominio republicano.
Pero el grupo MALDEF, que defiende los derechos de los inmigrantes, ha advertido de que es una estrategia arriesgada que también perjudicaría a estados conservadores como Texas.
Según el American Immigration Council, para 2016 había 1,6 millones de indocumentados en Texas, o el 33% de su población inmigrante y el 6% de su población total.
Desde 1790, por orden constitucional, el Gobierno federal ha hecho un censo nacional cada diez años, cuyos resultados se utilizan para el desembolso de 1,5 billones de dólares en fondos públicos, la demarcación de distritos electorales, y la designación de los escaños en la Cámara de Representantes.
Además de la ACLU, otros grupos que participaron en la demanda incluyen a la Coalición de Inmigración de Nueva York, Make the Road New York, CASA, American-Arab Anti-Discrimination Committee, ADC Research Institute, FIEL Houston, y AHRI for Justice. También se sumaron por separado gobiernos locales y estatales, liderados por Nueva York.
Fuente: NBC / Telemundo