En el conflicto entre conductores de vehículos y autoridades que controlan el tráfico, los choferes están ganando.
Jueces locales, estatales y federales han puesto en jaque a las municipalidades que han instalado cámaras de semáforos o redlight cameras —y a los fabricantes de estas— en una serie de fallos y ordenes que han creado dudas sobre si el polémico sistema pudiera continuar. Además, hay un proyecto de ley pendiente en la Legislatura de la Florida que prohibiría el uso del equipo.
Por ahora las infracciones por cámaras de semáforos están prácticamente suspendidas en la Florida debido a que la Corte Suprema del estado invalidó un componente del sistema, mientras que una corte de apelaciones de distrito está sopesando si invalidar otro componente, mientras que una corte de apelaciones federal en Atlanta está viendo si ordena el reembolso de los pagos a conductores multados con infracciones que han quedado desechadas.
La intervención de las cortes es lo más reciente en la larga saga de las cámaras de semáforos que desde hace más de 10 años han sembrado la ira entre conductores y confusión entre las autoridades.
Las municipalidades que han adoptado el sistema dicen que el objetivo es hacer que las calles sean menos peligrosas para conductores y peatones porque en las intersecciones donde hay cámaras, el simple hecho de que el sistema está ahí obliga a los choferes a detenerse en lugar de apresurarse a cruzar.
Pero estudios y cifras oficiales muestran que por varios años el número de accidentes ha aumentado, no disminuido, en las intersecciones donde se han instalado las cámaras. Algunos abogados que han analizado las cifras dicen que los accidentes graves se han reducido pero que las colisiones menores, principalmente de un vehículo golpeando a otro por detrás, o de lado, han aumentado.
Por ejemplo, un informe estatal del 2013 dice que en Jacksonville hubo un incremento del 77 por ciento en los impactos de lado en el 2012 y un incrfemento del 64 por ciento en choques por detrás.
Debido a esta evidencia, los que se oponen al sistema de cámaras dicen que no es nada más que un truco para obligar a los conductores a pagar infracciones caras y de esta manera enriquecer las arcas de las municipalidades.
Por otra parte, conductores en otras ciudades, incluso algunas en la Florida, han detectado la manipulación del sistema de semáforos, acortando el tiempo de la luz amarilla para así incrementar las posibilidades de infracción. Esto no ha ocurrido en el Condado Miami-Dade, según las autoridades locales.
El manual federal sobre dispositivos de control de tráfico dice que la luz amarilla en un semáforo debe durar entre tres y seis segundos. En algunas ciudades de la Florida y otros estados la duración de la luz amarilla fue reducida de cuatro a tres segundos, según algunos de los abogados que han defendido clientes multados por el sistema de cámaras de semáforo.
Por ejemplo, Stephen Ruth —residente del Condado Suffolk, en Nueva York— colgó videos en su página de Facebook que muestran la diferencia en la duración del amarillo en esquinas que tienen cámaras y las que no tienen cámaras. En las esquinas sin cámaras, el amarillo dura unos cinco segundos; y en las esquinas con cámaras la duración es de tres segundos.
En la esquina de la Calle Ocho y la Avenida Cuatro del suroeste en el downtown de Miami, la duración de la luz amarilla del semáforo fluctuaba entre 4 y 4.08 segundos, según observaciones de el Nuevo Herald el jueves al mediodía. En esa esquina hay por lo menos dos cámaras: una sobre la Calle Ocho en dirección este, y una sobre la Avenida Cuatro en dirección sur.
El sistema de cámaras es, hasta cierto punto, disuasivo. A los conductores que están en alerta, los obliga a pararse en las intersecciones habilitadas, porque de otra manera la cámara capta la placa del vehículo y esto resulta en una infracción que por lo general es de $158.
De los $158, el estado recibe $83 y $75 van a la municipalidad, de los que esta paga una cuota por cámara a la firma que administra el sistema.
Según un informe oficial, un millón de multas por cámaras habían sido pagadas en un año reciente.
“Si eso es correcto, entonces unos $158 millones se pudieron haber pagado por año desde el 2010”, dijo Ted Hollander, abogado de Fort Lauderdale, que fue uno de los pioneros en las batallas legales contra las multas de cámaras de semáforos.
Para entender mejor el sistema es bueno comenzar desde el principio.
Las cámaras de semáforos fueron instaladas inicialmente en Europa y desde ahí empezaron a esparciese por el planeta desde la década de 1960.
No fue sino hasta la década de 1980 que el sistema hizo su aparición en Estados Unidos, luego de un trágico accidente en Nueva York en la que un auto que se llevó la luz roja atropelló a un bebe de 18 meses.
Fue en la década de 1990 que el sistema fue gradualmente instalado en muchas municipalidades estadounidenses.
En la Florida, el sistema se oficializó en el 2010 cuando la Legislatura aprobó la ley Mark Wandall, nombrada en honor de un hombre que murió en el 2003 luego que el conductor de otro vehículo se llevó la luz roja en Bradenton y se estrelló contra el coche donde viajaba Wandall.
Después de que la ley entró en vigor, empezaron a llegar las quejas de los primeros conductores multados.
Eso hizo que algunos abogados investigaran el asunto.
En su investigación, Hollander cayó en cuenta de que informes oficiales mostraban que el número de accidentes en las esquinas con cámaras había aumentado y que el monto de ingresos a las municipalidades por concepto de multas se incrementaba también.
“Pensé que las cámaras no estaban allí por seguridad, y ahí está la evidencia”, dijo Hollander en una entrevista la semana pasada en su oficina, The Ticket Clinic.
Dos casos donde tuvieron éxito, y que llevaron a la situación actual de incertidumbre sobre el sistema, fueron los intitulados Dhar y Arem.
June Dhar había alquilado un auto y recibió una multa emitida por Fort Lauderdale. Dhar fue a la corte a combatir la multa bajo la premisa de que se le trató injustamente porque la factura que recibió fue mucho más alta que la normal que es $158 debido a que tardó tiempo en ser notificada por la agencia de autos.
Hollader apeló hasta la Corte Suprema, que en febrero emitió una opinión dándole la razón a Dhar.
Por separado, los abogados han presentado un caso en la corte federal en la que los afectados exigen que se les reintegre el dinero que pagaron por concepto de multas.
La opinión Arem, que lleva el nombre del conductor Eric Arem, que fue multado en Hollywood, es quizás la más importante.
“Antes de la opinión Arem, las municipalidades recibían multas que habían sido seleccionadas previamente por personal de la compañía que opera el sistema. La municipalidad, en última instancia, era la que autorizaba enviar la multa al conductor pero nuestro caso era desafiar la autoridad de la compañía en su pre-selección de multas”, dijo Hollander.
La corte estuvo de acuerdo con la tesis de Hollander y falló a favor de Arem. Para cuando la corte emitió su dictamen se habían expedido cuatro millones de multas.
“La corte dijo que todas esas multas no son válidas porque el proceso no era válido”, dijo Hollander.
Aunque el caso Arem es vinculante en toda la Florida, Hollander dijo que el juez de la división de tráfico Steven Leifman, de la corte del Condado Miami-Dade, no estuvo de acuerdo.
“Leifman dijo en una orden de nueve páginas que aunque acataba el fallo Arem, había decidido pedir a su corte de apelaciones del tercer distrito ver si la situación es diferente en Miami-Dade.
Esto significa que por ahora los casos en Miami-Dade están en suspenso hasta que la corte de apelaciones del tercer distrito emita su fallo.
Hollader dijo que la Ciudad de Miami había continuado emitiendo multas a través del sistema porque habían concluido que su sistema es diferente al del caso Arem, y por ende están exentos.
Hollander dijo que está en proceso de desafiar legalmente la decisión de Miami.
Si algún conductor recibe una multa en la Ciudad de Miami, debe pagarla o desafiarla en el tribunal, si no lo hace corre el riesgo de que le suspendan su licencia de conducir.
“Muchas ciudades han dejado de expedir multas, pero muchas otras ciudades han dicho que van a seguir emitiendo multas pero que van a cambiar de procedimientos para cumplir con las ordenes de los tribunales”, dijo Hollander.
