BOGOTA, Colombia (AP) — El presidente Juan Manuel Santos anunció el miércoles que Colombia se retiró del pacto que le concede jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para dirimir conflictos limítrofes entre los países del mundo.
El anuncio generó interrogantes sobre si Colombia acatará el fallo que la despojó de derechos en aguas ahora de Nicaragua y las consecuencias que podría tener para otros casos en manos del ese tribunal.
Santos explicó que la renuncia de Colombia al Pacto de Bogotá, presentada la víspera en una carta enviada a la Organización de los Estados Americanos, significa «excluir de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia asuntos que competen a su soberanía» territorial y marítima.
El mandatario aseguró que Bogotá «no pretende… separarse de los mecanismos de solución pacífica a las controversias» pero advirtió que «nunca más nos debe volver a suceder lo que sucedió con el fallo del 19 de noviembre» cuando la Corte Internacional falló en un pleito presentado en 2001 por Nicaragua, que demandó la soberanía del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en aguas del mar Caribe.
La Corte, con sede en la ciudad holandesa de La Haya, reconoció la soberanía colombiana sobre el archipiélago, ubicado a 720 kilómetros de la costa de Colombia y a 110 kilómetros de territorio nicaragüense, pero concedió al país centroamericano derechos de explotación de recursos en aguas hasta ese momento sólo colombianas.
El fallo de la Corte, según el gobierno colombiano, lesiona la actividad pesquera tradicional de los pobladores del archipiélago, un ecosistema protegido por la Unesco desde el año 2000, donde el gobierno colombiano ha descartado cualquier actividad de exploración y explotación petrolera. El archipiélago alberga una de las mayores reservas coralinas del mundo.
Desde Managua, el embajador de Nicaragua en La Haya, Carlos Argüello, dijo al oficialista Canal 4 de Televisión que la de Bogotá fue «una medida precipitada» y que «retirarse del pacto no influye en la sentencia. La sentencia es cosa juzgada».
Desde la decisión de la Corte, Managua y Bogotá han dicho que mantienen navíos en la zona, paso de naves del narco.
Observadores destacaron que la decisión de la Corte no representa ningún riesgo para la seguridad de Colombia en términos militares y que lo único que se podría prever es un aumento del paso de barcos del narcotráfico por esas aguas ahora nicaragüenses porque el país centroamericano carece de recursos para monitorearlas.
«Nicaragua… va a ser incapaz de controlar el mar y el espacio aéreo de ese sector y vamos a ver un incremento del tránsito del narcotráfico», dijo en diálogo telefónico con The Associated Press John Marulanda, consultor independiente en temas de seguridad y defensa. «Una de las fallas que en La Haya no contemplaron es que… al ceder ese espacio a un país que no tiene los recursos militares ni policiales, lo que hicieron fue facilitar y abrir una brecha para el narcotráfico», agregó.
El Pacto de Bogotá fue firmado en la capital colombiana en 1948 por naciones del hemisferio en el marco de una conferencia de la Organización de los Estados Americanos. Por ese tratado varios países reconocieron la competencia de la Corte de La Haya para dirimir las controversias de orden jurídico que surgieran entre las partes.
«La decisión que he tomado obedece a un principio fundamental: los límites entre los Estados deben ser fijados por los propios Estados. Las fronteras terrestres y los límites marítimos entre los Estados no deben quedar en manos de una corte sino que deben ser fijados de mutuo acuerdo por los Estados mediante tratados «, dijo Santos al inicio de un foro del gremio de los cafeteros en Bogotá.
Más tarde en la sede del Ministerio del Exterior, la canciller María Angela Holguín declaró que «Colombia sigue vinculada a sus obligaciones internacionales en materia de solución pacífica de controversias de conformidad con otros acuerdos internacionales, los que de ninguna manera se verán afectados».
Expertos consultados por la AP no coincidieron en los efectos que tendrá la decisión anunciada por el mandatario pero resaltaron que se trata de un tema político y que nadie vislumbra un enfrentamiento entre ambas naciones.
Algunos destacaron que el fallo de La Haya sigue vigente y que no hay posibilidad de revertirlo, mientras otros indicaron que Colombia puede dar la pelea y llevar el pleito a las Naciones Unidas.
El abogado Rafael Nieto Navia explicó que el retiro de Colombia del pacto no tiene efectos sobre pasadas decisiones sino sobre futuras y que ahora un país del hemisferio no podrá demandar a Bogotá ante la Corte.
«Por supuesto que es para evitar futuros problemas. Si lo hubiéramos hecho en esa época (en los años 90) nos hubiéramos evitado todo esto» del fallo sobre Nicaragua, dijo Nieto Navia, uno de los seis integrantes de una comisión creada por el gobierno de Santos para analizar las posibilidades de acción frente al dictamen de la Corte en el caso con Managua.
Pero para el experto en asuntos internacionales Vicente Torrijos, profesor de la Universidad del Rosario en Bogotá, el retiro es de hecho el desacato de facto del fallo.
Si Nicaragua, agregó Torrijos, decide llevar a Colombia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para obligar a Bogotá a cumplir la decisión del 19 de noviembre, «entonces nos movemos en el plano diplomático, tenemos amigos y podemos conseguir que veten ese pedido».
La experta en asuntos internacionales Laura Gil expresó que recién en un año se hará efectivo el retiro de Colombia del pacto.
«Lo que acaba de decidir el gobierno de Juan Manuel Santos no evita la obligación de acatamiento del fallo. Los efectos de la denuncia se dan un año después de depositada… El año que viene muchos países podrán poner una demanda (contra Colombia)», dijo Gil.
Además destacó que «existen más de 120 tratados multilaterales muchos de los cuales Colombia los ha ratificado, que contemplan la competencia de la Corte Internacional de Justicia y mi pregunta para la cancillería es: ¿se van a retirar también de esos?».
Matthew Brotmann, profesor de derecho internacional en la Universidad Pace, en Estados Unidos, dijo que «aunque (Santos) diga que ya no reconocerá la jurisdicción de la Corte, en realidad no importa». Los países «no pueden escoger y seleccionar qué partes de un tratado que ya ratificaron van a seguir acatando», añadió.
Ricardo Abello, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario y ex presidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, dijo que «el riesgo es que aunque ya no nos pueden demandar (ante la Corte de La Haya) nosotros tampoco podemos demandar a otros países».
«En este momento, Colombia enfrenta una demanda (en esa Corte) por aspersiones aéreas de glifosato interpuesta por Ecuador» que pide que cesen las fumigaciones con ese químico para erradicar cultivos de coca en la frontera e indemnización por daños y perjuicios. La denuncia no le quita jurisdicción a La Haya para pronunciar su sentencia sobre el caso, dijo el profesor.
Para el ex ministro del Interior Fernando Londoño (2002-2003), la decisión de Santos «es lamentable» porque «el camino de los hombres al progreso implica siempre el perfeccionamiento de los mecanismos que sustituyen la violencia y las vías de hecho».
Sobre las consecuencias que el fallo de La Haya y el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá pudieran tener sobre el proceso de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se lleva a cabo en La Habana, Londoño opinó que «ese fue un cuento que se le ocurrió a Enrique Santos (hermano del presidente Santos) para distraer las cosas y mezclar lo que no se puede mezclar. Eso no tiene ninguna relación».
En una entrevista divulgada el domingo por la revista Semana, Enrique Santos dejó entrever que con el caso de La Haya surgieron nubarrones en los diálogos con las FARC porque «una actitud belicosa con Nicaragua podría frenar el compromiso de (el presidente de Venezuela Hugo) Chávez con el proceso e incluso a los cubanos».
Chávez y Cuba han sido vistos como factores clave para llevar a los rebeldes de las FARC a la mesa de negociaciones.
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