La Procuraduría General de la Nación en Colombia abrió el jueves una investigación disciplinaria a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y a otros cuatro mandatarios de ciudades capitales por no haber tomado medidas efectivas para combatir el hacinamiento en las cárceles y centros de detención temporal.
En una comunicación, el Ministerio Público informó que los alcaldes de las diferentes ciudades habrían incurrido en omisiones a la hora de cumplir con sus deberes constitucionales para brindar “las garantías que la ley exige para las personas privadas de la libertad”.
Por esa razón, ordenó una “práctica de pruebas” para esclarecer los hechos y establecer cuál es la situación real de los detenidos en la actualidad y así determinar si se constituye una falta disciplinaria.
Las cárceles en Colombia tienen capacidad para unos 80.000 reclusos pero, de acuerdo con las últimas cifras del Ministerio de Justicia, hay aproximadamente 98.000 internos. En las ciudades, hay prisiones y lugares de detención que dependen de la autoridad local y es por eso que la Procuraduría investiga si han existido posibles omisiones de los alcaldes para combatir el hacinamiento.
De acuerdo con datos del INPEC, en Bogotá se calcula que hay una sobreocupación del 18% en las tres cárceles que tiene la capital colombiana. Sin embargo, en “El Buen Pastor”, que es la prisión de mujeres, el hacinamiento supera el 46%.
La alcaldía bogotana tiene a su cargo la Cárcel Distrital -una de las que está en la capital- y las estaciones de Policía, que se convirtieron en uno de los principales focos de esta crisis humanitaria. Al no haber cupos en las cárceles, las autoridades han tenido que acudir a esas estaciones de Policía para mantener temporalmente a los presos, aunque en muchas oportunidades esas “detenciones temporales” se extienden por varios meses.
La investigación también se extiende al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, donde el índice de hacinamiento es del 477%, de acuerdo con cifras de la Procuraduría.
También abrió investigación contra los alcaldes de Ibagué, donde se estima hay un sobrecupo del 731%; de Riohacha donde la cifra es del 242%; y de Valledupar, donde en una de las estaciones de la ciudad, el hacinamiento es del 930%.
De acuerdo con las cifras más recientes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), cerca de 23.000 personas están detenidas en el país sin haber sido aún condenadas, con medidas cautelares de prisión preventiva. Para las autoridades colombianas, las demoras en los procesos judiciales representan uno de los principales obstáculos para descongestionar los lugares de detención.
Fuente: AP
