BOGOTA, Colombia (AP) — Un alta corte colombiana falló el miércoles a favor de la constitucionalidad de una enmienda a la carta magna, reforma que el gobierno considera clave para el proceso de paz pero que ha recibido duras críticas de activistas por los derechos humanos.
La Corte Constitucional, la máxima instancia en Colombia para asuntos de la carta magna e integrada por nueve magistrados, dijo que la enmienda, propuesta por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y aprobada por el Congreso en junio del 2012, se ajusta a las normas.
La Corte «consideró que para alcanzar una paz estable y duradera es legítimo adoptar medidas de justicia transicional», dijo el magistrado Jorge Iván Palacio, presidente del alto tribunal, al leer un comunicado ante los reporteros. No respondió preguntas.
El fallo, que es inapelable, fue aprobado por siete votos a favor y dos en contra.
La Corte no dio de inmediato el texto completo de su decisión, algo que suele tomar varias semanas e incluso meses.
El alto tribunal «concluyó que, en virtud de los instrumentos de derechos humanos y del derecho internacional humanitario… es legítimo que se dé una aplicación especial a las reglas de juzgamiento, siempre y cuando se asegura que como mínimo se enjuiciarán aquellos delitos» de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, agregó el magistrado.
La Corte dejó en manos del Congreso reglamentar la enmienda en un futuro texto legislativo, que ahora deberá ser presentado y debatido por los parlamentarios.
Y al dejar en manos de los legisladores la futura ley, la Corte enumeró ocho parámetros, entre ellos el que en su articulado «deberá ser respetuoso de los compromisos internacionales (del país)…en cuanto a la obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario».
La enmienda es conocida en Colombia como «marco jurídico para la paz», porque se considera uno de los instrumentos jurídicos claves del gobierno de Santos en sus negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en diálogos que se iniciaron a fines del 2012 y que se escenifican en La Habana, Cuba.
El pronunciamiento judicial «parece un poco contradictorio porque da la apariencia que avala todo lo que plantea el marco jurídico para la paz, excepto en ese párrafo 5 …(sobre que) hay que respetar las obligaciones de los derechos humanos y el DIH», dijo en diálogo telefónico el abogado Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, un organismo no gubernamental.
La decisión de la Corte «le permite al gobierno tener su titular (de prensa) que la Corte respaldó el marco jurídico…pero cuando llegue la hora de la verdad (al debatirse el proyecto de ley) en el Congreso se va encontrar con el número cinco» y va a tener que incluir delitos más allá de los contemplados por la enmienda, que sólo incluye los de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.
Entonces se deberán incluir crímenes como secuestro, violación sexual, desaparición forzada, masacre, que por sí solos no son considerados de lesa humanidad, a menos que se les tipifique de crímenes cometidos de forma masiva y sistemática, dijo Gallón. Una vez ese proyecto de texto que reglamente la enmienda sea debatido y aprobado, explicó, deberá volver al examen de la Corte Constitucional.
A su turno, Pedro Medellín, analista y columnista, dijo que lejos de aclarar, «la Corte dejó unos vacíos importantes… (y) deja que el Congreso decida».
«Deja en el vacío en la medida que no resuelve asuntos tan críticos como el de la suspensión de la pena», añadió Medellín en diálogo telefónico, y destacó que de inmediato no se podía anticipar el impacto de la decisión en la mesa de negociaciones en La Habana.
El texto de la enmienda, de cuatro artículos, establece, entre otros puntos, que los actores del conflicto armado interno colombiano, como los rebeldes, pueden recibir rebajas o suspensión de penas en prisión si dejan las armas. La enmienda también contempla que se podrá centrar la investigación penal en «los máximos responsables» y no en todos los insurgentes, por ejemplo.
Grupos defensores de los derechos humanos han criticado la enmienda al afirmar que abriría la puerta a la impunidad porque las investigaciones judiciales se centrarían en esos «máximos responsables» e incluso a éstos se les podrían ofrecer los beneficios legales de rebaja o suspensión de la pena, sin pagar ni un solo día de prisión, lo que iría en contra de tratados internacionales de los cuales Colombia es signataria.
Las FARC, en voz de sus comandantes negociadores en La Habana, ya han dicho en varias ocasiones que ni reconocen la competencia del sistema judicial colombiano, ni les fue consultada la enmienda, ni tampoco aceptan penas de prisión.
«Me dicen que en la Corte Constitucional, y espero que así sea, acaban de aprobar el marco jurídico para la paz… si eso es así, en un paso importantísimo», dijo Santos en un acto en la casa de gobierno poco antes de anunciarse oficialmente la decisión de la Corte, pero que ya había sido transmitida por medios locales.
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