BOGOTA, Colombia (AP) — Un juzgado penal condenó a 37 años y 11 meses de cárcel a un ex contratista de la empresa carbonífera Drummond como autor intelectual del asesinato de dos sindicalistas de esa multinacional estadounidense en 2001, se informó el miércoles.
En su fallo, el juez penal de Bogotá William Andrés Castiblanco también condenó a Jaime Blanco Maya a pagar una multa de 661 millones de pesos (o unos 369.000 dólares), según la sentencia de 81 páginas, copia de la cual tuvo acceso la AP.
Blanco, de 60 años y quien está detenido en una prisión de Bogotá desde septiembre del 2010, fue acusado por la Fiscalía General de ser el determinador o autor intelectual y le imputó cargos de homicidio agravado y concierto para delinquir en el caso del asesinato en marzo de 2001 de los sindicalistas Valmore Locarno, de 42 años, y Víctor Hugo Orcasita, de 36, quienes fueron bajados de un bus de obreros y luego asesinados a tiros por un grupo de paramilitares en zona rural del municipio de Bosconia, departamento de Cesar y a unos 600 kilómetros al norte de Bogotá.
«El despacho encuentra probado…que valiéndose del discurso ideológico de las autodefensas (o paramilitares), que consiste en acabar con todas aquellas personas pertenecientes a grupos guerrilleros, el aquí acusado (Blanco Maya) aprovechó la cercanía que tenía con los comandantes de las autodefensas… para solicitarles le ayudaran a erradicar el ‘problema de raíz’, expresión que no puede traducirse en algo distinto a eliminar al presidente (Locarno) y vicepresidente (Orcasita) del sindicato, toda vez que esto se había convertido en sus mayores opositores», dijo el juez en su decisión fechada el 25 de enero pasado y que sólo trascendió hasta la jornada.
La condena fue apelada por Hernando Bocanegra, abogado de Blanco, según consta en la decisión del juzgado. Bocanegra no respondió de inmediato a llamados telefónicos de la AP.
Blanco siempre ha dicho que si bien tuvo nexos con paramilitares, él no tuvo responsabilidad directa en los homicidios de los dos sindicalistas y que éstos, en realidad, fueron ordenados desde la propia cúpula de la Drummond.
En una entrevista con la AP en abril de 2011, Blanco dijo que «hay un interés muy grande de la Drummond de que me condenen a mí porque ellos están montando su defensa, de un proceso civil muy grande que tienen en los Estados Unidos, sobre los hombros míos».
En su concepto, Drummond pretende «que todo se desvíe hacia Jaime Blanco Maya y con eso ellos se lavan las manos».
La Drummond siempre ha dicho que su posición «ante las cortes sobre el caso de la muerte de los sindicalistas ha sido y es una sola: Drummond es inocente» porque «jamás ha hecho pagos ilegales a organizaciones al margen de la ley».
En la misma decisión, el juez Castiblanco ordenó a la Fiscalía General investigar si el presidente de la empresa carbonífera, Gary Drummond, y tres de sus empleados –el ex jefe de seguridad de la empresa en Colombia, el estadounidense James Adkins, así como los colombianos Luis Carlos Rodríguez y Augusto Jiménez– tuvieron alguna responsabilidad en el asesinato de los dos sindicalistas.
Terry Collingsworth, el abogado estadounidense que representa a parientes de las víctimas en un caso civil en Estados Unidos, dijo en un correo electrónico enviado a la AP que pedidos similares de investigar a directivos de la Drummond no han prosperado en Colombia.
«Aplaudiremos una legítima y rigurosa investigación de funcionarios de la Drummond, como dispone la sentencia, pero anteriores disposiciones (similares) fueron ignoradas», dijo Collingsworth.
Dora Lucy Arias, abogada del no gubernamental Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y quien representó en el caso a las familias de las víctimas y al sindicato Sintramienergética, de los trabajadores de la Drummond, recordó en entrevista telefónica que aún faltan muchas acciones judiciales que van desde el reconocimiento del Estado de que hay una «persecución sistemática» contra sindicalistas, y que debe ofrecerse garantía de no repetición de esos actos, tanto como reparar a las víctimas que fueron falsamente presentadas inicialmente como simpatizantes de la guerrilla.
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