El presidente Sebastián Piñera llamó el martes a tres grandes acuerdos nacionales, por la paz, la justicia y la constitución, después de una nueva jornada marcada por manifestaciones masivas, actos violentos, quemas de edificios públicos y una iglesia, así como saqueos.
“Todas las fuerzas políticas, todas las organizaciones sociales, todas las chilenas y chilenos de buena voluntad tenemos hoy día que unirnos en torno a tres grandes, urgentes y necesarios, acuerdos nacionales”, afirmó el mandatario.
“Esta grave situación de violencia y de delincuencia atenta severamente contra nuestra democracia, contra nuestro Estado de Derecho y sobre todo atenta y vulnera las libertades y los derechos de todos los chilenos”, señaló el presidente. “Esta situación tiene que terminar y tiene que terminar ahora y tomar plena conciencia que eso depende del esfuerzo y compromiso que pongamos cada uno de nosotros”.
El mandatario anunció además la reintegración de policías retirados y que hayan tenido un servicio destacado para aumentar el número y la eficacia de las fuerzas de seguridad. También se procesará a través de la ley de seguridad del Estado a quienes hayan cometido actos de violencia.
Tras una jornada de manifestaciones pacíficas, las protestas se tornaron violentas con saqueos en restaurantes y comercios, así como en la iglesia de La Veracruz, situada en el barrio turístico de Lastarria. También se registraron actos de violencia en otras ciudades del país, como Concepción y Viña del Mar.
Para Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista «el presidente hoy día desaprovechó una nueva oportunidad» de optar por una Asamblea Constituyente que dé el protagonismo al pueblo en la redacción de una nueva Constitución.
Tras el mensaje, se escuchaban fuertes cacerolazos en protesta en distintos puntos de la ciudad.
El martes en la noche se emitió una serie de mensajes institucionales buscando el fin de la violencia.
“Chile no puede esperar. A los que tienen responsabilidad política y social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. En esta hora compleja de nuestra historia (…) por amor a nuestra patria, terminemos con la violencia” afirmó en un mensaje la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile.
“Aislemos a los delincuentes para que podamos vivir en paz”, dijo a su vez Felipe Guevara, Intendente de la Región Metropolitana, quién pidió que la gente que se manifiesta pacíficamente comience a rechazar a aquellos que se comportan de forma violenta.
Al final de la jornada, miles de personas seguían concentradas en Plaza Italia iluminando el lugar con celulares y láser de luces verdes.
El martes quedó marcado por el récord histórico del peso frente al dólar, que alcanzó la barrera de los 800 pesos, y las preocupaciones sobre los impactos en la economía.
En la mañana, decenas de miles de personas recorrían las calles más importantes de Santiago y las principales ciudades del país en un ambiente pacífico y festivo marcado por pitidos, música y la agitación de banderas.
El paro nacional fue seguido ampliamente y en las ciudades se vivía el ambiente de un día feriado.
Las clases fueron suspendidas porque muchos profesores y alumnos no podían acudir a cumplir sus tareas rutinarias.
Este paro “va a marcar un hecho histórico, desde hoy día en adelante va a haber un antes y un después en nuestro país y aquí está la esperanza de todo el país de Chile, todos ciudadanos compatriotas, de poder llegar a una Asamblea Constituyente y poder cambiar la Constitución”, relató a The Associated Press Silvia Silva.
“Exigiendo la dignidad que al pueblo le fue robada por tantos años, basta de abusos. Hoy día decimos basta, por favor, de la manera más pacífica posible a los políticos y a los que están encargados de hacer las leyes en nuestro país”, agregó Luis Casas.
En el puerto de Valparaíso, el Congreso suspendió sus actividades y se registró un paro del transporte público y privado al que se sumó el metro que une la ciudad con el balneario de Viña del Mar y otras urbes. En las inmediaciones de la sede legislativa, encapuchados lanzaron piedras y levantaron barricadas que derivaron en saqueos. En la tarde, lanzaron piedras a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, el hotel O’Higgins y se saqueó uno de los principales supermercados.
La municipalidad de Valparaíso confirmó el paro de sus funcionarios.
En Concepción, al sur del país, las manifestaciones contaron con decenas de miles de asistentes. Inconformes quemaron el edificio de la gobernación y las personas que se encontraban en el interior debieron ser evacuadas. En tanto, grupos menos numerosos se congregaron en Temuco, también en el sur. En Antofagasta, al norte, barricadas obligaron a suspender el servicio de transporte público. Y en Punta Arenas, en la Patagonia, centenas salieron a las calles a mostrar su descontento.
«El paro no es el camino», reaccionó el gobierno a través de su vocera, Karla Rubilar.
Los 26 días de movilizaciones han tenido un alto costo económico. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo estimó que se podrían perder hasta 100.000 empleos y muchas economías familiares y de pequeños y medianos empresarios se han visto fuertemente afectados.
El martes el peso cayó a su mínimo y el dólar superó el récord histórico de 800 pesos por unidad tras rondar entre los 700 y 720 pesos antes de las manifestaciones. Cerró la jornada bursátil en 781 pesos.
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que el alza de la divisa “es una señal de inquietud que estamos siguiendo muy atentamente».
Chile vive una revuelta social sin precedentes desde el 18 de octubre cuando un alza en la tarifa del metro detonó incendios y ataques en la mayoría de sus estaciones y centenares de saqueos a supermercados seguidos por multitudinarias protestas por un amplio abanico de demandas, que van desde mejoras en la educación, la salud y las pensiones hasta una nueva constitución.
Al comienzo de la crisis, el presidente Sebastián Piñera anunció un paquete de leves mejoras sociales a las pensiones básicas, cuyo monto es de 146 dólares mensuales, y propuso rebajar los millonarios sueldos de los congresistas y aumentar los impuestos a quienes ganan más de 11.000 dólares al mes. Sin embargo, no logró atenuar las protestas.
En los últimos días, su propuesta de abrirse a modificar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que abrió el camino al libre mercado y privatizó los servicios públicos, ha sido cuestionada: mientras el gobierno propone una modificación desde el Congreso y la clase política, la ciudadanía demanda su participación a través de una Asamblea Constituyente.
En una declaración, la oposición dijo que la vía para salir de la crisis es un plebiscito y una asamblea constituyente, que derive en una nueva Constitución.
La asamblea constituyente surge de ciudadanos electos para redactar una nueva carta magna, a la que el gobierno cerró las puertas en la víspera.
El martes Piñera mantenía en absoluta reserva una reunión con los expresidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos y se comunicaba de forma telefónica con la expresidenta Michelle Bachelet.
Fuente: AP
