“Venezuela emerge como un narco régimen, porque estado somos nosotros y no somos los venezolanos los que estamos involucrados en ese terrible flagelo de la humanidad que es el narcotráfico. Hay mucha gente que internacionalmente lo viene señalando. El día siguiente de la Cumbre el director de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, del Departamento del Tesoro, dijo que Venezuela crecientemente se convertía en narco estado”.
“Esto ha sido complementado evidentemente, mucho más convalidado por las revelaciones que ha hecho este coronel y magistrado de la Corte Suprema Eladio Aponte Aponte, imagínate, presidente de la Corte Suprema de Justicia que admite como ya es conocido, en una entrevista de televisión un conjunto de los delitos que ha cometido en cooperación con las más altas autoridades del país, vincula al presidente de la república, ministros, generales. Cuando tú ves eso es la definición más elemental de un narco estado, yo no conozco ningún país en América Latina que en su historia, ni siquiera fue el caso de Colombia, donde los poderes vinculados al narcotráfico hayan llegado a esos niveles de involucramiento con la cúpula militar y la jefatura del estado. Es algo realmente increíble”.
“A la denuncia que nosotros tenemos contra el señor Chávez en La Haya, le estamos pidiendo al fiscal de la Corte Penal Internacional que envíe a alguien a los Estados Unidos a conversar con el señor Aponte que está ahora en Estados Unidos colaborando con la DEA y el FBI, porque esto es la confirmación de que los delitos de lesa humanidad que están constituidos cuando un gobierno, un estado, adopta como política de persecución a un grupo específico de la población, como es el caso que señala Aponte Aponte”.
“Los viernes a la mañana el señor Aponte relataba que en la oficina del vicepresidente de la república se reúnen la presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la contralora, la fiscal, la procuradora nacional, los directores de agencia de inteligencia y policial, comunicadores y otros magistrados, allí le dan línea política del gobierno de lo que hay que hacer con los ciudadanos, causa, empresas, y por supuesto cuál es la política a seguir con la disidencia. Esto es la demostración más monstruosa de lo que conforma un delito de lesa humanidad”.