John Bolton / Foto AP
La Casa Blanca está considerando tomar pasos para permitir que cientos de cubanoamericanos, cuyas propiedades fueron confiscadas en la isla tras la llegada de Fidel Castro al poder, puedan demandar en cortes federales estadounidenses a compañías extranjeras que ahora tienen negocios en la isla en esas mismas propiedades.
Un día antes de que el asesor de seguridad nacional John Bolton pronuncie un discurso sobre la política hacia América Latina en Miami, McClatchy ha conocido que la Casa Blanca ha discutido la propuesta con el senador Marco Rubio y otros congresistas del sur de la Florida.
Rubio, quien es considerado como uno de los principales asesores del presidente en temas relacionados con la política hacia América Latina, ha impulsado la propuesta ante la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado. El senador republicano de origen cubano también está presionando para que la administración amplíe la lista de compañías cubanas que están bajo sanciones por sus vínculos con los militares. Asimismo, el legislador quiere que Trump y otros líderes del gabinete exijan a los países aliados que presionen al gobierno de Cuba para que deje de respaldar al gobernante venezolano Nicolás Maduro.
Si la administración desiste de suspender el Título III de la Ley Helms Burton e implementa el resto de sugerencias de los congresistas, estas serían las acciones más fuertes tomadas contra Cuba desde que la administración expulsó a docenas de diplomáticos cubanos de Washington debido a los supuestos ataques a la salud de más de una veintena de empleados del gobierno estadounidense que estaban en La Habana.
Las medidas serían el ejemplo más reciente de cómo el gobierno de Trump está retrocediendo en los esfuerzos del expresidente Barack Obama de negociar un acercamiento con el ex gobernante cubano Raúl Castro para aliviar las hostilidades de más de medio siglo.
El jueves, Bolton dará a conocer más detalles sobre el papel de Cuba en Venezuela en un discurso en la Freedom Tower en Miami. La Casa Blanca anunció a principios de este mes que aumentaría la presión sobre Cuba. Los altos funcionarios de la administración han acusado a los funcionarios cubanos de ayudar a guiar los esfuerzos de inteligencia y contrainteligencia en Venezuela que han ayudado a Maduro a mantener el control de los venezolanos.
El gobierno venezolano admitió que tropas cubanas habían estado presentes en una maniobra conjunta en la frontera con Colombia el mes pasado.
Compañías y ciudadanos estadounidenses poseen reclamaciones certificadas por el gobierno y que la administración de Barack Obama intentó negociar con el gobierno de Castro sin éxito. Pero cientos de cubanoamericanos que perdieron sus propiedades no han podido obtener el respaldo del gobierno a sus reclamaciones porque no eran ciudadanos estadounidenses en el momento de las confiscaciones.
El gobierno de los EEUU ha suspendido el título III de la la Ley Helms-Burton de 1996, que permite a los estadounidenses —incluidos los naturalizados posteriormente— demandar a las empresas extranjeras con presencia en los Estados Unidos y que también hayan invertido en esas propiedades en la isla. A los Estados Unidos les preocupa que tales casos puedan alienar a países aliados e inundar los tribunales.
Durante la administración de Obama, la Casa Blanca transfirió la autoridad para decidir sobre la suspensión al Departamento de Estado. El secretario de Estado Rex Tillerson suspendió esa sección más recientemente en enero.
Rubio y el representante republicano Mario Díaz-Balart propusieron que la administración transfiera la autoridad presidencial de vuelta a a la Casa Blanca, según personas familiarizadas con el pensamiento del legislador. Eso haría más fácil para que Trump, descrito en los círculos políticos cubano-americanos, como un presidente “no convencional”, abra la puerta a las demandas.
“El representante Díaz-Balart y el senador Rubio colaboran estrechamente en una serie de temas “, dijo un comunicado enviado por la oficina de Díaz-Balart. “Han hecho varias propuestas a la Casa Blanca, muchas de las cuales nunca se han hecho públicas”.
Con Bolton y Mauricio Claver-Carone, director principal del NSC para América Latina y uno de los críticos más abiertos de la política del gobierno de Obama hacia Cuba, se considera que es más probable que la Casa Blanca permita que se presenten las demandas.
“Si regresan la autoridad a la Casa Blanca eso simplificaría el proceso” para tomar la decisión de no suspender el Título III, dijo el embajador Otto Reich y ex subsecretario de Estado bajo George Bush. “El problema es que el Departamento de Estado casi nunca quiere tomar acciones que considera causarán problemas con sus aliados”, dijo en relación a por qué cada administración cada seis meses ha decidido suspender esa sección de la ley.
Para algunos cubanoamericanos, este es el momento que han estado esperando durante mucho tiempo.
“Si esto sucediera bajo la administración de Trump, sería enorme para nuestra comunidad y enviaría un fuerte mensaje al mundo de que Estados Unidos protegerá los derechos de sus ciudadanos”, dijo Nick Gutiérrez, un abogado que representa a los propietarios de las centrales azucareras confiscadas por Castro. “No todos demandarán, pero muchas personas lo harán”.
Pero algunos expertos dudan que la administración suspenda completamente esa sección de la ley Helms-Burton.
“Si lo suspenden, se hará de manera muy selectiva”, dijo el analista de temas lationamericanos y profesor de Columbia Chris Sabatini. “De hecho, me sorprendería si lo aplican de alguna manera significativa, por la misma razón que las administraciones anteriores, demócratas y republicanas, lo han suspendido”.
Fuente: El Nuevo Herald
