SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Una asociación sin fines de lucro de Arizona reveló el lunes que dos grupos conservadores estaban detrás de los 11 millones de dólares que entregó como aportación de campaña a una organización en California que lucha contra la iniciativa fiscal del gobernador Jerry Brown.
Sin embargo, esa revelación no aclaró lo suficiente la identidad de la fuente del dinero porque ese tipo de grupos no están legalmente obligados a informar de sus donadores.
La Comisión de Prácticas Políticas Justas de California, que supervisa las actividades políticas en el estado, describió el donativo de la asociación Americans for Responsible Leadership (Estadounidenses por un Liderazgo Responsable) como el mayor caso de «lavado de dinero de campaña» en la historia del estado.
La comisión tiene facultades para imponer multas pero no para detener ningún gasto de campaña en el que hubiera participado el grupo, como posibles aportaciones para contratar la difusión de mensajes políticos.
Por su parte, la secretaria de Justicia de California, Kamala Harris, dijo que continuaría las investigaciones para determinar si hubo infracciones a la ley. «Esto no va a terminar el día de las elecciones», apuntó en referencia a los comicios generales del martes en Estados Unidos.
El donativo de 11 millones llegó en las semanas finales de la campaña y dio impulso a un grupo que pretende frustrar la iniciativa fiscal de Brown y la Propuesta 32, mediante la cual se intenta restringir la influencia de los sindicatos en la política.
La comisión llevó a la asociación ante un tribunal por no divulgar la fuente de sus recursos, y finalmente apeló el caso ante la Corte Suprema estatal, donde las autoridades estatales arguyeron que era importante y necesaria la información para los electores antes de que éstos depositen su voto.
En una decisión fuera de lo común tomada el domingo, la Corte Suprema de California ordenó por unanimidad a Americans for Responsible Leadership que revele la fuente del donativo. El grupo amenazó con llevar el caso ante la Suprema Corte federal, pero se retractó el lunes en la mañana y reveló que recibió los 11 millones de un grupo llamado Americans for Job Security (Estadounidenses por la Seguridad Laboral) mediante un intermediario, el Center to Protect Patient Rights (Centro para la Protección de los Derechos de los Pacientes).
Ambas organizaciones están registradas a nivel federal como grupos sin fines de lucro que no están obligados por ley a revelar la identidad de sus donadores.
Americans for Job Security ha sido activa en la campaña presidencial; ha entregado en los estados indecisos varios millones de dólares para la difusión de mensajes independientes de apoyo al candidato presidencial del Partido Republicano Mitt Romney y otros aspirantes republicanos. El Center to Protect Patient Rights distribuyó más de 44 millones a más de dos decenas de grupos de tendencia conservadora durante las elecciones de medio período en 2010, según el Centro por una Política Receptiva.
Esta organización informó que el presidente del grupo, Sean Noble, es un operador político de los hermanos multimillonarios Charles y David H. Koch, quienes han aportado millones de dólares a las causas conservadoras.
Noble no respondió de inmediato a mensajes por correo electrónico que el lunes le envió The Associated Press. Tampoco respondió a las llamadas telefónicas para preguntarle sobre el particular.
La Comisión de Oficinas Públicas de Alaska investigó a Americans for Job Security después de que el grupo gastó en ese estado 1,6 millones de dólares en la campaña del referendo de 2010 y concluyó que esa asociación tiene el único propósito de «encubrir varias pistas de dinero en todo el país», informó en 2010 el periódico The New York Times.
Las leyes federales permiten que las organizaciones sin fines de lucro mantengan en reserva la identidad de sus donadores. Sin embargo, la legislación de California exige la identificación de los donantes si los recursos son entregados a organizaciones sin fines de lucro con la intención de que sean destinados a campañas políticas estatales en el estado.
El grupo de Arizona presentó el lunes un informe estatal modificado en el que revela los nombres de los dos grupos. En una carta que acompañó la entrega de los documentos a la comisión estatal, el grupo aclaró que no estaba reconociendo que hubiera incurrido en irregularidad alguna.
En un comunicado difundido tras la recepción de la carta, la comisión señaló que la renuencia de la asociación a revelar inicialmente la identidad de los dos donadores equivalía a lavado de dinero de campaña.
«Esta es la aportación más grande jamás revelada como lavado de dinero de campaña en la historia de California», afirmó la comisión.
El organismo supervisor tiene la función de aplicar las leyes estatales sobre financiación de campañas y para la identificación de los donadores; puede imponer multas y sanciones a los infractores, aunque remite las infracciones a organismos policiales. La presidenta de la comisión, Ann Ravel, fue nombrada por el gobernador Brown.
Harris, que pertenece al Partido Demócrata, dijo que la admisión del grupo de Arizona sobre la fuente de sus recursos, aunque opaca, constituye un primer avance.
«Vamos a continuar examinando el asunto y el alcance total de la conducta implicada», agregó la funcionaria.
Dijo que el fallo de la Corte Suprema federal en el caso llamado Citizens United, que permitió a las empresas y sindicatos gastar cantidades ilimitadas en mensajes políticos, indicaba que la libertad de expresión política, que está protegida por la ley, «no es y no debe creerse que es a expensas de la identificación (de los donantes)».
El donativo de 11 millones de dólares fue para uno de los comités de acción política, creados para la recolección de recursos que se destinan a campañas, llamado Small Business Action Committee, que se opone a la iniciativa fiscal de Brown y a otra que restringiría la capacidad de los sindicatos de recaudar dinero para causas políticas.
Debido a que los recursos se mezclan con otras contribuciones entregadas al Small Business Action Committee, no está claro cuánto dinero fue canalizado al apoyo de cada posición del grupo en las iniciativas a votación el martes.
Tres individuos del área de Phoenix son mencionados en documentos como directores de Americans for Responsible Leadership, que fue formado en 2011: Steven Nickolas, presidente de Silver Sky Capital; Robert Graham, presidente de RG Capital Investors; y Eric Wnuck, quien fracasó en 2010 en su incursión como candidato legislativo por Arizona.
El grupo también entregó más de 1,5 millones de dólares para oponerse a dos iniciativas en las papeletas de Arizona; una que aumentaría el impuesto a las ventas en el estado a fin de recaudar más recursos para las escuelas y otra que modificaría el sistema de elecciones primarias en el estado.
La Comisión para Prácticas Políticas Justas de California pretendía efectuar una auditoría luego de que el grupo Common Cause presentó una queja. Kathay Feng, presidenta de Common Cause, dijo que el precedente que había sentado el caso «es una victoria para los electores y para la democracia».
«Aunque no debería tomar semanas de casos judiciales, los electores de California tienen ahora la información que necesitan para toma una decisión informada el 6 de noviembre», dijo Feng en un comunicado.
Durante una breve presentación el lunes en Los Angeles, Brown no mencionó directamente al grupo de Arizona, pero exhortó a los activistas a que toquen a las puertas de los electores indecisos y hagan llamadas telefónicas para superar la influencia del dinero turbio en la política.
«Nos hemos opuesto a bastante dinero del poder; dinero del poder no sólo de California sino de organizaciones secretas en todo California, en todo Estados Unidos, que quiere venir e influir en los electores», aseveró el gobernador, durante un acto para alentar el voto en un vecindario hispano en el Valle de San Fernando de la ciudad.
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Los periodistas de The Associated Press Michael R. Blood en Los Angeles, y Hannah Dreier y Judy Lin en Sacramento contribuyeron a este despacho.
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