La Policía Federal de Brasil lanzó este viernes una nueva etapa de la amplia investigación sobre las prácticas de corrupción en firmas controladas por el estado, informaron fiscales federales en un comunicado.
Las órdenes judiciales emitidas en el marco de la vigésima séptima ronda de la «Operación Lavado de Autos» se centran en un crédito presuntamente fraudulento que entregó Banco Schahin a la petrolera controlada por el estado Petrobras, indicaron los fiscales en el comunicado.
En la operación realizada este viernes, fueron detenidos el ex secretario general del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), Sílvio Pereira; y Ronan María Pinto, propietario del diario ABC Grande. También investigan al ex tesorero de la agrupación política, Delúbio Soares.
Pereira y Pinto fueron apresados de forma provisional por orden del juez Sergio Moro
Pereira y Pinto fueron apresados de forma provisional por orden del juez Sergio Moro, quien el jueves fue apartado de la investigación sobre Lula da Silva. El ex presidente, acusado de lavado de dinero y ocultamiento de patrimonio, ya no enfrentará al magistrado símbolo de la lucha por la transparencia en el país. Ahora, se someterá al Tribunal Supremo.
De acuerdo a lo que informa O Globo, 50 policías federales siguen cumpliendo ocho órdenes de registro en los municipios de San Pablo (3 órdenes de registro) Carapicuíba (1), Osasco (1) y Santo André (3), todo ello en San Pablo. Los presos serán enviados a la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba.
El juez Sergio Moro ya no investigará a Lula
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil aprobó el jueves una medida cautelar que le quita la investigación sobre el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva al magistrado de primera instancia Sergio Moro, a cargo del caso Petrobras.
Moro fue quien ordenó que Lula fuera llevado por la fuerza a declarar ante la policía y luego divulgó una polémica escucha telefónica entre el ex presidente y su sucesora, Dilma Rousseff, interpretada como una prueba de que su designación para un cargo ministerial buscaba blindarlo –con fueros– de la Justicia.
La decisión se fundamentó, justamente, en esas escuchas que fueron divulgadas por el juez el mismo día que la mandataria nombró a Lula jefe de Gabinete.
