El representante legal del Ejecutivo, José Eduardo Cardozo, convocó a una conferencia de prensa «para aclarar los puntos del pedido de medida cautelar enviado al Supremo Tribunal Federal (STF) para anular el proceso de impeachment».
La información trascendió a través de un comunicado de la Abogacía General del Estado (AGU), en la víspera del inicio de los debates que podrían llevar a la destitución de la mandataria brasileña. El Gobierno presentó una medida cautelar contra el juicio político a la presidente.
La AGU alegó que en el procedimiento de impeachment «hay vicios que violan los principios del debido proceso legal (…) y de una amplia defensa».
«Hay vicios que violan los principios del debido proceso legal», alegaron los defensores de Dilma
El pedido debe ser analizado por un magistrado del STF, y en caso de ser admitido, podría llevar a la suspensión de la sesión en la Cámara de Diputados, en espera de una decisión definitiva por el plenario de la Corte Suprema.
Unos 3.000 policías reforzarán la seguridad en los alrededores del Congreso brasileño durante las sesiones que definirán si avanza el trámite para un eventual juicio político contra Dilma Rousseff.
Aunque ese será el número de agentes desplegados en la Explanada de los Ministerios, donde se sitúan todos los edificios del poder público en Brasilia, el teniente coronel Antonio Carlos Freitas, jefe de seguridad de la capital, explicó que «en total, habrá unos 10.000 hombres listos para actuar, en caso de necesidad».
Las sesiones comenzarán este viernes y se prolongarán hasta el domingo, cuando los diputados decidirán si el trámite para un juicio político contra la presidente llegará al Senado, que tendrá la última palabra en relación con el proceso.
Las autoridades calculan que, durante esas sesiones, alrededor de 300.000 personas pueden llegar a concentrarse en la Explanada de los Ministerios, una amplia avenida con enormes jardines centrales, que para evitar eventuales desórdenes han sido divididos en dos por unas vallas de casi un kilómetro de extensión y dos metros de alto.
La intención es que a un lado de esas vallas se ubiquen aquellos manifestantes que apoyan el juicio contra Rousseff y del otro los que defienden a la mandataria.
«La operación de seguridad ha sido pensada para evitar que esos dos grupos se encuentren en el camino o en el propio lugar en que esperarán el resultado de la votación», explicó Freitas.
También aseguró que todas las personas que se acerquen a la Explanada de los Ministerios serán objeto de rigurosas revisiones y que será impedido que porten objetos cortantes u otros que puedan servir para agredir.
Fuente: Infobae.com