El ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso aseguró en San Pablo que el Gobierno de Dilma Rousseff «no tiene más condiciones para gobernar» y que Brasil vive una democracia «corroída y corrompida».
«Estoy obligado a admitir que el Gobierno no tiene más condiciones para gobernar, no vamos a tirarnos más piedras sobre el tejado. Tenemos problemas sociales que resolver en el país», dijo durante un foro en San Pablo.
El ex presidente lamentó que Brasil viva en «una democracia corroída» y «corrompida», fruto de un «presidencialismo de cooptación».
«A cierta altura, un cierto presidente (…) hizo alianzas con los partidos pequeños y, para ello, distribuyó posiciones y, en ciertos casos, dinero», dijo en referencia al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mentor político de Rousseff y considerado el jefe de Estado más carismático del Brasil contemporáneo.
«Eso es corrupción de la democracia», sostuvo Cardoso, para quien el juicio político con fines destituyentes contra Dilma Rousseff aprobado anoche por el Parlamento «no pone en riesgo a la democracia del país».
«Cuando hubo el primer intento de usar ese mecanismo, había dudas sobre las consecuencias», señaló Cardoso sobre el juicio político al que fue sometido el senador Fernando Collor, que renunció a su mandato en 1992, un día antes de que el Senado lo destituyera por corrupción.
Entonces, «no hubo consecuencias negativas para la democracia y, en este momento, con todo el debate que estamos viviendo, tampoco creo que haya riesgo para la democracia», agregó el ex presidente, que gobernó el país entre 1995 y 2003 con el Partido de la Social Democracia Brasileña, uno de las principales formaciones opositoras del Ejecutivo de Rousseff.
El jefe de los Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, entregó al titular del Senado, Renan Calheiros, el proceso de juicio político con fines de destitución contra la presidente Dilma Rousseff, que fue aprobado por la Cámara baja y deberá ser ratificado por la Alta.
Cunha hizo entrega de los 36 volúmenes y once anexos del proceso a su correligionario Calheiros después de que el plenario de la Cámara de Diputados, con 367 votos a favor, 137 en contra, siete abstenciones y dos ausencias, decidió el domingo avalar el proceso para la apertura de un juicio legislativo contra Rousseff.
Rousseff es acusada de responsabilidad en las maniobras contables que el Gobierno realizó para maquillar sus resultados en los últimos dos años.
«A partir de la autorización de la Cámara, la demora es muy mala para el país. Uno está con un medio Gobierno. Ya si el Senado autoriza (la apertura del juicio), el Gobierno va a salir y si no autoriza se va a quedar», declaró Cunha a periodistas después del encuentro con Calheiros.
Cunha y Calheiros, segundo y tercero en la línea de sucesión presidencial por presidir las dos cámaras del Congreso brasileño, pertenecen al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la mayor formación en el Legislativo y que recientemente abandonó la base aliada de Rousseff.
En el PMDB también milita el vicepresidente Michel Temer, quien en caso de la apertura de un juicio político contra Rousseff asumiría el poder por 180 días para que la mandataria presente su defensa y, en caso de que la gobernante sea destituida, terminaría el mandato hasta el 1 de enero de 2019.
«Tenemos un medio Gobierno y para que esta parálisis no se prolongue, lo ideal es que sea hecho lo más expeditivo posible, independiente del resultado, para que la vida del país vuelva a la normalidad, de una forma o de otra», apuntó Cunha.
Calheiros, por su parte, comentó: «Nosotros tenemos personas que piden para agilizar el proceso, pero nosotros no podremos agilizarlo de tal forma que parezca un atropellamiento, o alargarlo de tal forma que parezca procrastinación».
Tanto Cunha como Calheiros aparecen en la lista de cincuenta políticos investigados por el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
El titular del Senado se reunió este lunes por separado con Rousseff y con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, quien en caso de la apertura del juicio político será el encargado de presidirlo.
