Una encuesta realizada por Datafolha para el periódico Folha de San Pablo entre el 21 de marzo y el 7 de abril reveló que el 60% de los parlamentarios están dispuestos a votar a favor del juicio político con miras de destitución de la presidente Dilma Rousseff.
Este número, sin embargo, no es suficiente para aprobar el proceso que decidirá el futuro de la mandataria. Del total de 512 legisladores, se necesitan 342 votos para el impeachment.
Hasta el momento, de acuerdo con el sondeo publicado este viernes por el diario paulista, 308 congresistas votarían a favor del juicio político, 34 menos que el requerido 67% para que se lleva a cabo la acción.
El 21% de los consultados dijo que votará en contra del proceso contra la jefa de Estado y el 18% comentó estar indeciso o no se manifestó al respecto.
El primer paso hacia un juicio político
El informe presentado el miércoles, redactado por el diputado Jovair Arantes, quien actúa como instructor de una comisión especial de la Cámara baja, supone apenas el primero de los escalones del engorroso proceso que definirá si Rousseff responderá a un juicio político.
«Como la denuncia contiene todas las condiciones jurídicas y políticas necesarias para su admisión, concluye el instructor por la aceptación jurídica y política de la acusación y por la consecuente autorización para la instauración, en el Senado, del proceso por crimen de responsabilidad» contra la mandataria, indicó Arantes.
Las acusaciones formuladas por la oposición dicen que Rousseff incurrió en maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe.
Todo eso, según la parte acusadora, constituye «delitos de responsabilidad», que la Constitución brasileña contempla entre las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.