MADRID (AP) — Los bancos españoles acordaron el lunes suspender temporalmente los desahucios por impagos hipotecarios en casos de extrema necesidad, justo en el momento en que gobierno y oposición buscan fórmulas para frenar uno de los mayores dramas sociales del país.
La Asociación Española de Banca (AEB), que agrupa a las principales entidades financieras, señaló que la medida intenta «paliar la situación de desamparo de muchas personas por causa de la crisis económica».
La moratoria estará vigente durante los dos próximos años. AEB aclaró que los «casos de extrema necesidad» incluirán a inquilinos de avanzada edad o con personas dependientes a cargo, aunque precisó que acatará las condiciones que imponga el gobierno.
Se espera que las reuniones que están manteniendo el gobierno conservador y el opositor Partido Socialista cristalicen en una reforma legal urgente.
«Lo que pretende el gobierno es que ninguna familia de buena fe como consecuencia de la crisis se quede sin techo», dijo Luis de Guindos, ministro de Economía, en Bruselas.
El drama de los desahucios por impagos hipotecarios es una consecuencia directa del altísimo desempleo, ligeramente superior al 25%, y el colapso inmobiliario.
La ley actual es muy rígida en estos casos. Las personas que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca son desalojadas por orden judicial, pierden el dinero invertido y la casa y teóricamente deben satisfacer la deuda pendiente con el banco.
Más de 350.000 personas –muchas de ellas inmigrantes– han perdido su vivienda y los ingresos de media vida desde el comienzo de la crisis en 2008. El gobierno calcula que actualmente se producen unos 500 desahucios al día.
Los movimientos sociales para paralizar los embargos han ido en aumento en los últimos meses. La indignación se ha centrado en entidades nacionalizadas, que han mantenido su política de desahucios a pesar de ser rescatadas con dinero público.
La gota que colmó el vaso se produjo la semana pasada en el País Vasco, cuando una mujer se suicidó saltando al vacío desde de su casa minutos antes de ser desalojada.
Ante la alarma creada por el suceso, el gobierno del Partido Popular y el opositor Partido Socialista iniciaron una ronda de contactos para buscar soluciones.
Desde hace cuatro años, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se ha convertido en una referencia en la lucha contra las ejecuciones hipotecarias.
Los miembros de este grupo han conseguido frenar medio millar de desahucios a través de la presión social. La PAH pide la paralización inmediata de los desahucios de vivienda habitual cuando se trate de deudores de buena fe y la dación en pago –satisfacer el total de la deuda hipotecaria contraída con el banco al entregar la casa–.
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