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El Gobierno arrestó a un 11% más de inmigrantes en el año fiscal 2018, que concluyó en septiembre, para deportarlos por residir ilegalmente en el país o por haber cometido algún crimen, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
El ICE, que se encarga de arrestar a los inmigrantes dentro del país, detuvo exactamente a 158.581 personas en el año fiscal 2018 (entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018), de acuerdo a un informe que publicaron.
La cifra de 158.581 detenciones es la «más alta» registrada en los últimos dos años y es el número más alto desde 2014, cuando bajo el mandato del entonces presidente, Barack Obama, (2009-2017) se produjo una crisis migratoria después de la llegada a la frontera con México de miles de niños centroamericanos.
En 2017, ya bajo el Gobierno de Trump, el ICE hizo 143.470 detenciones, lo que supuso una subida del 30% con respecto a los 110.104 arrestos del año fiscal anterior.
Desde que llegó a la Casa Blanca en 2017, Trump ha aprobado mediante orden ejecutiva una serie de medidas que facilitan la deportación de inmigrantes indocumentados, incluidos aquellos que llevan décadas viviendo en el país, tienen hijos estadounidenses y han fundado negocios.
No obstante, la Administración de Trump ha dado prioridad a la deportación de los inmigrantes que tienen antecedentes penales.
Obama también dio prioridad a ese tipo de expulsiones, pero el Ejecutivo de Trump ha adoptado una línea política más dura con declaraciones que ligan la inmigración con el crimen.
De esa forma, en su informe, el ICE señala que este año «muchos de los arrestos corresponden a inmigrantes con historias criminales que suponen riesgos significativos para la seguridad pública».
En concreto, de los 158.581 detenidos, el 66% había sido condenado formalmente por algún crimen, mientras que el 21% había sido acusado de algún delito, pero no había sido enjuiciado.
De los detenidos, 55.109 habían sido condenados formalmente por «drogas peligrosas»; 54.630 fueron sentenciados por conducir bajo los efectos del alcohol; y 51.249 por ofensas migratorias, delitos que suelen consistir en haber cruzado la frontera ilegalmente antes de volver a ser detenidos por el ICE.
Las autoridades arrestan a los inmigrantes y los retienen en centros de detención antes de deportarlos, por lo que las cifras de detenciones suelen ser un indicador del número de llegadas irregulares al país y muestran la cantidad de inmigrantes que podrán ser expulsados en los próximos meses.
Los migrantes suelen pasar meses en los centros de detención mientras se procesan sus peticiones de asilo, por lo que la cifra de expulsiones suele ser más alta que la de detenciones.
En 2018, 256.085 inmigrantes fueron deportados, lo que supone un incremento del 13% con respecto a los 226.119 del año anterior.
Por nacionalidades, la mayoría de los deportados (141.045) por ICE eran mexicanos, un grupo de migrantes que solía ser el mayoritario entre los hispanos que residen irregularmente en el país y que, desde 2009, se está viendo sustituido por los nacionales de El Salvador, Honduras y Guatemala.
De hecho, tras los mexicanos, el grupo que más deportaciones sufrió fue el de Guatemala con 50.390 expulsiones, seguido de los hondureños (28.894) y salvadoreños (15.445).
Para afrontar la llegada de migrantes centroamericanos, el nuevo presidente mexicano, Andres Manuel López Obrador, y Trump han comenzado conversaciones para implementar un plan que ataje la inseguridad y el estancamiento económico del Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala).
EEUU y México han acogido durante dos años consecutivos la llamada «Conferencia de la Prosperidad y la Seguridad en Centroamérica», que busca captar fondos para el desarrollo del Triángulo Norte, pero que hasta ahora no ha conseguido grandes logros.
FUENTE: EFE / Diario Las Americas
