BUENOS AIRES, Argentina (AP) — Argentina se presentará el miércoles ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, en el caso de que Ghana no acceda a liberar la Fragata Libertad retenida en el puerto de Tema a raíz de una demanda judicial de bonistas estadounidenses.
«Mañana, martes 13 de noviembre, vencen todos los plazos para que el gobierno de Ghana levante el embargo reconociendo la Convención del Derecho del Mar. El miércoles 14 Argentina quedará habilitada para presentarse en el Tribunal del Mar», para exigir la liberación del buque, dijo el lunes el canciller argentino Héctor Timerman en una declaración ante la prensa en la casa de gobierno.
Poco después, la presidenta Cristina Fernández afirmó en un acto oficial que Argentina no pagará lo que adeuda «de cualquier modo… generando más pobreza y conflictividad social», al repetir las palabras que pronunció su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007) ocho años atrás ante la Asamblea Legislativa.
La fragata está confiscada desde el 2 de octubre en el puerto de Tema a raíz de un reclamo ante la justicia ghanesa del fondo NML Capital Ltd., con sede en las Islas Caimán. Su propietario, el inversionista multimillonario Paul Singer, encabeza un grupo que exige el pago de 370 millones de dólares por bonos de la deuda impagos desde la cesación de pagos declarada por Argentina en 2001, cuando colapsó la economía y se produjo una fuerte devaluación de la moneda.
«Es mentira como dicen algunos lenguaraces, economistas pagados por bancos y consultoras, que (los bonistas que litigan contra el país) son inversores», dijo la presidenta, que cuestionó que estos últimos se negaron a ingresar en las restructuraciones de la deuda que Argentina realizó en 2005 y 2010, aceptadas por 93% de los bonistas.
NML Capital Ltd. «compró papeles de la deuda de 1994 –que no son deuda de este gobierno– por cinco pesos (1,046 dólares) y se negó a ingresar en cualquiera de las dos restructuraciones», cuestionó la mandataria.
Fernández recordó las palabras de su marido cuando dijo que «a los llamados fondos buitre… les cabrá la firmeza de las posturas nacionales» y que Argentina no va a «aflojar» ante ellos y las «presiones».
La semana pasada Argentina recibió malas noticias después de que el juez estadounidense Thomas Griesa advirtió a la presidenta «no desafiar y evadir» sus órdenes acerca de cuánto deberá pagar a distintos tenedores de bonos estadounidenses que se negaron a aceptar hasta una cuarta parte de lo adeudado desde 2005 y que por ello litigan con el país sudamericano.
Argentina sostiene que obligarla a pagar a los bonistas podría provocar una crisis económica, pero un tribunal de Nueva York respaldó días atrás al juez Griesa, que determinó que con más de 40.000 millones de dólares en reservas, este país tiene la capacidad de afrontar la cancelación de esas deudas.
En tanto, el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, que acompañaba a Timerman en la declaración ante la prensa, confirmó que el buque escuela de la Armada argentina continúa sin suministro de electricidad y agua por decisión de las autoridades del puerto de Tema, lo que consideró «una clara violación al derecho internacional».
El jueves la tripulación de la confiscada fragata exhibió armas para impedir el abordaje de funcionarios portuarios ghaneses que trataban de mover el navío. Las autoridades de Ghana desean trasladar la embarcación a un muelle más alejado porque consideran que es un estorbo porque impide que otros barcos atraquen, a lo que Argentina se resiste.
Puricelli dijo que junto con la cancillería y la embajada argentina consiguió de parte de las autoridades ghanesas «el cese de esas actividades y la recuperación de la calma, que se mantiene hasta la fecha aunque sin haberse restablecido el servicio de electricidad y agua», que fueron cortados por personal portuario del país africano.
Puricelli dijo que hubo conversaciones entre las autoridades del barco con las del puerto ghanés y que las partes «acordaron la necesidad de reunirse periódicamente para no entorpecer las tratativas en curso» y «asegurar la buena convivencia». Señaló que en «horas de la mañana» del lunes «se reiteraron las gestiones del comandante de buque para restablecer los servicios de agua y gas para recuperar la normalidad hasta tanto la justicia (de Ghana) autorice la partida de la fragata».
El buque permanece con menos personal del habitual debido a que la mayor parte de los marinos fueron repatriados hace unos días por orden de la presidenta Cristina Fernández.
NML Capital ofreció dejar en libertad el barco si el gobierno de Fernández ofrece una garantía de 20 millones de dólares. El Ejecutivo argentino calificó la situación de secuestro, extorsión y acto de piratería contra una nación soberana. Además argumentó que los navíos militares son inmunes a ser decomisados como garantía.
Al detallar el proceso legal y diplomático que llevó a cabo Argentina para recuperar su navío emblema, el canciller señaló que teniendo en cuenta que su país y Ghana «son signatarios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar», la cancillería puso en marcha «el mecanismo arbitral que constituye el procedimiento de solución de controversias y que prevé una instancia de medidas cautelares ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar».
Según Timerman, Argentina notificó al gobierno de Ghana «el sometimiento de la controversia al procedimiento de arbitraje» y «adoptar la medida provisional consistente en permitir sin condiciones el reabastecimiento y la salida del buque de guerra argentino de sus aguas jurisdiccionales».
El canciller también aclaró que la decisión de un juez ghanés de mover la fragata a otro muelle fue apelada por Argentina y «queda suspendida hasta que se expida un Tribunal Superior» del país africano.
«Sin esperar el resultado de la apelación, el 6 de noviembre se suceden las agresiones contra la fragata» que motivaron protestas argentinas ante el secretario general de la Naciones Unidas y el presidente del Tribunal del Mar, dijo Timerman en referencia a los intentos ghaneses de abordar el navío.
El canciller ratificó la decisión del gobierno de no negociar con los fondos buitre que rechazaron ingresar a los canjes de deuda.
«Argentina no está en desacato, está en desacato quien no acepta una medida de no innovar de la justicia de Ghana», dijo el funcionario en referencia a los intentos de las autoridades del puerto de Tema de trasladar la fragata a otro lugar.
Además afirmó que «las políticas con respecto a los fondos buitres son consecuentes con las ideas y convicciones que hemos sostenido desde el 2003», cuando asumió el poder Kirchner.
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