BOGOTA, Colombia (AP) — El esperado comienzo de las negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC fue retrasado cuatro días, se informó el martes, pero ya han surgido divergencias que revelan las dificultades del proceso.
Las discusiones en La Habana comenzarán el 19 de noviembre en lugar del 15, anunciaron las dos partes en un lacónico comunicado sin dar a conocer sus razones.
Congresistas del oficialismo y allegados a los dos bandos indicaron que el aplazamiento pudo obedecer a las discrepancias sobre cómo atender o escuchar las propuestas de sectores de la sociedad civil, un reclamo que hacen las guerrillas, pero que el gobierno de Santos mantiene a distancia para evitar ampliar los puntos de una agenda ya acordada.
Aunque sectores de izquierda dijeron que el retraso no debía verse como un obstáculo, congresistas del oficialismo sí mostraron su incomodad porque recuerdan que ya en diálogos pasados tales discrepancias no hicieron sino empantanar el inicio y avance de las negociaciones para que finalmente Colombia pueda sellar un pacto de paz tras casi 50 años de conflicto armado interno.
«Hay discrepancias en la participación ciudadana, como sobre otros temas. Son necesarios de precisar antes de iniciar la mesa» de diálogos, dijo Carlos Lozano, editor del semanario Voz, del Partido Comunista de Colombia. «No hay que darle mas trascendencia» al retraso, agregó Lozano en un correo electrónico.
El representante a la Cámara por el izquierdista partido Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, destacó que el aplazamiento no significaba nada grave y que «esos son los ritmos de una negociación».
«Hay que tener comprensión, paciencia sobre esos ritmos», agregó el congresista en entrevista telefónica.
Pero Roy Barreras, presidente del Senado y de la bancada del oficialista Partido Social de Unidad Nacional, dijo que «toda dilación va en contra del proceso» y que el tema de las propuestas de la sociedad civil y cómo incluirlas en la agenda de las partes se habían convertido en la última causa de fricciones.
Aunque no detalló de dónde prevenían sus versiones sobre el asunto de la sociedad civil como causa de la dilación, el senador destacó vía telefónica que en el ambiente está la idea de que así como el país respalda la negociación, también respaldaría levantarse de la mesa sino no ve resultados. «No nos gusto el aplazamiento de los dialogos x 4 dias», dijo el senador en su cuenta de Twitter.
León Valencia, del centro de análisis del conflicto armado colombiano Corporación Nuevo Arco Iris, dijo que ante la presión de distintas manifestaciones de la sociedad civil, desde grupos campesinos e indígenas hasta activistas de derechos humanos, que han pedido que sus propuestas sean escuchadas por la mesa en Cuba, cabría la posibilidad de que esas iniciativas pudieran hacerse llegar a los dos bandos a través de una mesa separada.
«La presión es para el gobierno…(porque) las FARC quieren eso» de la sociedad civil», dijo Valencia en entrevista telefónica.
Julio Armando Fuentes, de la comisión política de la Mesa Nacional de Unidad Agraria, surgida en el 2006 y que reúne a 20 distintas organizaciones agrarias y de campesinos, aseguró telefónicamente que la aspiración de su grupo no es tener a un negociador en la mesa, donde cada bando designó a cinco delegados, sino que sus propuestas las debatan y apliquen en caso de un eventual acuerdo de paz. «No queremos sentarnos allá como negociadores, ni más faltaba… (sino) que las reclamaciones que están establecidas en las propuestas sean tenidas en cuenta», dijo.
El ex ministro del Interior y duro crítico de las guerrillas, Fernando Londoño, afirmó telefónicamente que el aplazamiento «obedece (a que las partes) no se han puesto de acuerdo en temas muy delicados y que entonces van a dar un espacio mientras dicen que no hay conversaciones pero que sí hay conversaciones».
Los temas delicados a tratar entre el gobierno y las FARC, en concepto de Londoño, son entre otros «si (las conversaciones) son con micrófono y si son sin micrófono; si es hablar de toda la historia de la nación colombiana, o si es a hablar de las víctimas de las FARC».
Los negociadores del gobierno del presidente Santos, quien en la jornada cumple una visita oficial a Portugal y luego asistirá en la ciudad española de Cádiz a la XXII Cumbre Iberoamericana, y de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), surgidas en 1964 y con entre 8.000 a 9.000 miembros, sostuvieron contactos secretos en La Habana durante seis meses y en agosto formalizaron un acuerdo para el inicio de sus negociaciones.
La agenda de negociaciones incluye temas como el de una política de tierras —que será el primero que traten las partes_, el narcotráfico, los derechos de las víctimas y la participación política de la insurgencia.
Como los bandos, que buscan acabar con casi 50 años de enfrentamientos, no mencionaron en ese acuerdo un cese de fuego o un alto de hostilidades, las negociaciones comenzarán en medio de distintas acciones armadas atribuidas por las autoridades a los rebeldes.
Autoridades militares y civiles del departamento de Chocó, una región selvática del noroeste del país y donde los ríos son la principal forma para desplazarse, indicaron el martes por ejemplo que desde el viernes pasado han circulado en al zona panfletos atribuidos a las FARC que declaran un «paro armado» hasta por lo menos el 17 de noviembre. Esos «paros armados» significan que los rebeldes prohíben a la población civil circular por carreteras, ríos e incluso en ocasiones abrir el comercio, bajo pena de ser atacados.
El paro «creo que es una forma de demostrar algo de fortaleza al inicio de los diálogos de paz en Cuba. No le veo ninguna otra razón», dijo en entrevista telefónica Ary Piñeres, secretario de gobierno de Chocó, cuya capital Quibdó, de unos 150.000 habitantes, funcionaba normalmente el martes pero no así sectores del transporte fluvial de pasajeros por el río Atrato, uno de los principales de la región.
No se han presentado heridos ni víctimas en acciones como la quema de un autobús el lunes en una carretera entre Quibdó y la ciudad de Medellín, capital del vecino departamento de Antioquia, dijo el funcionario al destacar que un paro similar no se presentaba en la zona desde marzo.
Como medida de prevención, unidades de la infantería de marina están escoltando a los barcos de pasajeros por al menos un tramo de 560 de los 720 kilómetros del río Atrato, resaltó el coronel de infantería de marina Marco Antonio Mendoza, con jurisdicción en aquella zona. El oficial dijo desconocer cuántos barcos de pasajeros transitan diariamente por la zona, pero sí que el volumen se ha visto reducido desde el fin de semana en al menos 90%.
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