Por su parte, el exjefe de la Oficina de Ciudadanía, Alfonso Aguilar, afirmó que el presidente sí tiene facultad para impulsar un cambio en la interpretación de este principio, ya que el Tribunal Supremo no ha emitido un fallo concluyente para todos los casos. Aguilar argumentó que la práctica de otorgar ciudadanía de forma automática durante 150 años ha sido una realidad «de facto», pero no necesariamente una verdad jurídica absoluta.
Excepciones a la norma
Aguilar destacó que la Enmienda 14 ya contempla excepciones, como los hijos de diplomáticos o enemigos de la nación, lo que demuestra que el derecho no es absoluto. «No se trata de eliminar la ciudadanía por nacimiento, sino de limitarla a lo que estrictamente dicta la Constitución», enfatizó, señalando que es imperativo que el máximo tribunal aclare si los hijos de personas sin estatus legal están realmente bajo la jurisdicción legal del país.