Alfonso Aguilar, director de Acercamiento Hispano del American First Policy Institute, ofreció un análisis detallado sobre la estrategia de seguridad nacional de la administración del presidente Donald Trump. Aguilar abordó la crisis de personal en las agencias y la percepción real de las políticas migratorias en la comunidad latina.
Operatividad en crisis: TSA y Guardia Nacional Aguilar criticó lo que llamó «maniobras políticas» de la oposición para retrasar el financiamiento de la TSA, lo que ha obligado a movilizar personal de ICE y considerar el apoyo de la Guardia Nacional para evitar el colapso de los aeropuertos. «Es increíble que se ponga en riesgo la seguridad de los viajeros por juegos políticos», señaló, sugiriendo que el presidente podría recurrir a órdenes ejecutivas para garantizar el pago de trabajadores esenciales.
«Targeted Enforcement»: La prioridad son los antecedentes penales Frente a las críticas por las deportaciones, Aguilar fue tajante: la estrategia se denomina «targeted enforcement» (aplicación enfocada).
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Cifras claras: Según sus datos, entre el 60% y 70% de los detenidos por ICE tienen condenas o cargos previos por delitos graves, incluyendo violencia, pornografía infantil o conducir bajo la influencia (DUI).
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Zonas seguras: El experto desmintió redadas en hospitales o iglesias. «Estamos poniendo la casa en orden. No se trata de criminalizar a la comunidad, sino de garantizar seguridad para todos», afirmó.
El respaldo hispano Aguilar destacó que las encuestas de 2024 reflejan que la mayoría de los hispanos apoyan la deportación de criminales para proteger sus propios vecindarios. Al cierre, hizo un llamado a la claridad comunicativa para evitar que el miedo y la desinformación empañen una política que, a su juicio, busca restaurar el estado de derecho tras años de caos fronterizo.