A lo largo de dos décadas, Estados Unidos y sus aliados gastaron cientos de millones de dólares en la construcción de un banco de datos de los afganos. El objetivo, según dijeron, era promover la ley y el orden, así como la rendición de cuentas por parte del gobierno, al tiempo que se modernizaba un país destruido por la guerra.
Tras la relampagueante toma del poder por parte del Talibán, sin embargo, el grueso de ese aparato digital —incluidos los datos biométricos para verificar la identidad— aparentemente cayó en manos del Talibán. El banco no tiene demasiadas protecciones de los datos y podría pasar a ser una herramienta de vigilancia del estado. A medida que el Talibán toma las riendas del poder, aumentan los temores de que sea usado para ejercer un control social y castigar a los enemigos.
Para que esa información funcione de una manera constructiva —promoviendo la educación, el papel de la mujer y combatiendo la corrupción—, hace falta una estabilidad democrática que hoy no existe. Y estos sistemas no fueron diseñados con protecciones en caso de que cayesen en las manos equivocadas.
“Es una terrible ironía”, expresó Frank Pasquale, profesor de tecnología de vigilancia de la Brooklyn Law School de Nueva York. “Es un ejemplo perfecto de la máxima que dice ‘el camino hacia el infierno está pavimentado con buenas intenciones’”.
Tras la caída de Kabul el 15 de agosto, surgieron indicios de que el Talibán podría estar usando la información para identificar e intimidar a los afganos que colaboraron con las fuerzas de ocupación estadounidenses.
Muchos de ellos están recibiendo llamadas y mensajes de texto y vía WhatsApp amenazantes, de acuerdo con Neesha Suárez, colaboradora del representante estadounidense Seth Moulton, un veterano de la guerra en Irak cuya oficina trata de ayudar a los afganos que colaboraron con Estados Unidos y que quieren salir del país.
Un contratista estadounidense de 27 años dijo a la Associated Press en Kabul que él y los compañeros con los que elaboró un banco de datos financiado por Estados Unidos y usado para manejar las nóminas salariales del ejército y la policía recibieron llamadas telefónicas en las que se los convocaba al Ministerio de Defensa. Ahora está escondido y duerme cada noche en un sitio distinto. Pidió no ser identificado por razones de seguridad.
Los talibanes aseguran que no se proponen tomar represalias. Una de sus prioridades es volver a recibir ayuda internacional y recuperar los bienes que están congelados en el extranjero. Por ahora no han tomado medidas draconianas, sobre todo contra las mujeres, como las que impusieron cuando gobernaron de 1996 al 2001. Tampoco hay indicios de que los afganos que colaboraron con Estados Unidos estén siendo perseguidos en forma sistemática.
Pero Ali Karimi, profesor afgano de la Universidad de Pensilvania, no se confía. Teme que el banco de datos dé a teócratas fundamentalistas intransigentes, acostumbrados a eliminar despiadadamente a quienes colaboraron con el enemigo, “las mismas capacidades típicas de una agencia del gobierno estadounidense en lo que respecta a la vigilancia y la intercepción”.
El Talibán sabe que el mundo seguirá de cerca el uso que da a la información del banco de datos.
Por ahora no se sabe la suerte corrida por uno de los bancos más problemáticos, el usado para pagar a los soldados y la policía, que tiene los nombres de más de 700.000 personas que trabajaron con las fuerzas de seguridad en los últimos 40 años, de acuerdo con un alto funcionario del aparato de seguridad del gobierno derrocado. El banco incluye fechas de nacimiento, números de teléfono, nombres de padres y abuelos, huellas digitales e imágenes de alta definición de iris y rostros, según dos contratistas que trabajaron en el proyecto, quienes pidieron no ser identificados por temor a represalias.
Solo personal autorizado tiene acceso al sistema, por lo que, si no encuentra a alguien con acceso, el Talibán podría tratar de hackearlo, según el exfuncionario, que habló a condición de no ser identificado porque tiene parientes en Kabul. Se especula que los servicios de inteligencia de Pakistán, Rusia, China e Irán podrían estar dispuestos a ayudar en esa empresa.
El banco de datos tiene información de 8,5 millones de personas, incluidos enemigos del gobierno y civiles.
Funcionarios estadounidenses dicen que antes de irse eliminaron buena parte de la información. Pero no borraron, por ejemplo, el Sistema de Información de Gestiones Financieras, que tiene detalles de los contratistas extranjeros, y un banco de datos del Ministerio de Economía que contiene las fuentes de financiamiento de los organismos internacionales de ayuda, de acuerdo con el exfuncionario de seguridad.
También sobrevive un banco con imágenes digitales y huellas dactilares de unos 9 millones de afganos, el cual es controlado por la Agencia Nacional de Estadísticas e Información. En los últimos años se requirió un escaneo biométrico para tramitar un pasaporte o una licencia de conducir, así como para trabajar en el sector público y los exámenes de ingreso a la universidad.
Organizaciones de ayuda occidentales encabezada por el Banco Mundial elogiaron el sistema, sobre todo en relación con la promoción de los derechos de las mujeres a partir de cosas como el registro de la propiedad de la tierra y la obtención de préstamos bancarios. La agencia trabajaba en la elaboración de documentos de identidad electrónicos cuando cayó el gobierno.
Los bancos de datos que sobrevivieron son “un verdadero tesoro”, sostuvo una persona occidental que colaboró en los procesos electorales y que pidió no ser identificada para no comprometer misiones futuras.
Agregó que no estaba claro si un banco de datos con el padrón electoral —con datos de más de 8 millones de afganos— estaba en manos del Talibán.
El gobierno afgano se había embarcado en un proceso de centralización de la información digital que alarma a 37 grupos defensores de las libertades civiles en el terreno digital que firmaron el 25 de agosto una carta en la que se pide el inmediato desmantelamiento de la “herramienta con la identidad digital” de los afganos. La carta dijo que los gobiernos autoritarios tienden a usar esa información para “perseguir a personas vulnerables” y que los bancos de datos digitalizados aumentan los riesgos.
Fuente: AP
