La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Florida pide a los representantes del estado de Florida que rechacen la HB 9, que requeriría que los gobiernos locales, estatales, y universitarios desvíen recursos para hacer cumplir la ley federal de inmigración, sin ningún requisito de un reembolso federal de costos, y expondría a los contribuyentes de Florida a costosos litigios por el uso de perfiles raciales y violaciones a la Cuarta Enmienda.
«HB 9 es un proyecto de ley antiinmigrante que socavará la seguridad pública en Florida», dijo Kara Gross, asesora legislativa de la ACLU de Florida.
«Se trata de convertir a todos los empleados del gobierno en el estado de Florida en agentes no remunerados del sistema federal de inmigración, que desviaría los recursos necesarios para proteger y servir a nuestras comunidades»,apunta.
Según ACLU el proyecto de ley establece que ninguna entidad estatal o empleado puede adoptar o tener ninguna política que limite o impida el cumplimiento de una solicitud de detención migratoria, la investigación del estatus migratorio de un preso o la provisión de la fecha de liberación de un recluso a una agencia federal de inmigración.
«Si HB 9 se convierte en ley, las ciudades, los condados y las agencias de Florida saldrían perjudicadas», agregó Gross.
Sostiene que este proyecto de ley «atajaría los requisitos federales actuales que dicta como localidades cooperan con la implementación de las leyes de inmigración, y violaría los derechos civiles de los inmigrantes actuales o percibidos a través el estado de Florida».
Para ACLU no cumplir completamente con las solicitudes de los funcionarios federales de inmigración resultará en severas sanciones impuestas por el estado, tales como multas o pérdida de fondos estatales por un periodo de cinco años. Esto obligaría a las jurisdicciones locales a cumplir con las demandas que legalmente no se les exige, dará lugar a perfiles raciales y amenazará el derecho a debido proceso de Floridanos.
La Cámara de Representantes de Florida ha programado este proyecto de ley para consideración durante la primera semana de la sesión legislativa de 2018, que comienza mañana.
Fuente: Miamidiario.com
