La reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de federalizar a la Guardia Nacional en California ha despertado un intenso debate jurídico. Para aclarar el marco legal que ampara este tipo de medidas, el abogado constitucionalista Nelson Rodríguez Varela explicó en el programa ‘Cada Tarde’ que la movilización de tropas responde a facultades presidenciales bajo el Título 10 del Código Federal.
“La Guardia Nacional típicamente responde al gobernador del estado, pero el presidente, bajo el Título 10, puede federalizarla sin requerir su aprobación”, explicó el jurista.
Rodríguez Varela contextualizó la historia de las leyes que regulan el uso de tropas en suelo estadounidense, desde el Acta de Insurrección de 1807 hasta la Ley Posse Comitatus de 1878, que limita la participación de militares en funciones policiales civiles. Sin embargo, como detalló, existen excepciones legales clave. “El Acta Posse Comitatus fue creada para evitar el uso del ejército en funciones policiales, pero dejó una puerta abierta para ciertas excepciones”, puntualizó.
El constitucionalista subrayó que esta movilización no tiene como objetivo cumplir funciones policiales ordinarias, sino proteger instalaciones y agentes federales en medio de disturbios en Los Ángeles. “Cuando agentes de inmigración están siendo agredidos o impedidos de cumplir su función, el presidente tiene autoridad para intervenir y garantizar su seguridad y la de las instalaciones federales”, afirmó. Concluyó que, si bien el debate político es legítimo, la acción presidencial se encuadra dentro de las herramientas legales del Ejecutivo: “Puedes estar de acuerdo o no con estas medidas, pero legalmente el presidente está facultado”.