La justicia argentina pidió formalmente el miércoles a la Interpol que emita una orden de captura contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y el ministro de Interior de ese país, Diosdado Cabello, por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela contra disidentes.
La organización ahora debe analizar la solicitud antes de darle curso.
En cumplimiento a un fallo de una corte federal emitido el pasado lunes, el juez Sebastián Padilla envió una nota a la oficina local de Interpol en la cual le solicita “recabar de forma urgente…la información que permita la identificación” de Maduro y Cabello “para incluir dichos datos en las órdenes de detención a emitir”, según el escrito.
Este lunes la Sala 1 de la Cámara Federal de Buenos Aires emitió un resonante fallo con el que ordenó la inmediata detención de ambos dirigentes políticos para comparecer ante los tribunales argentinos por su presunta responsabilidad en la implementación de un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra disidentes en Venezuela desde el año 2014.
La causa contra el dictador venezolano y su mano derecha fue impulsada por el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) —una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos en la región— ante la justicia argentina en 2023, tomando en cuenta la jurisprudencia argentina en materia de derechos humanos y el principio de jurisdicción universal que permite actuar ante delitos de lesa humanidad, aunque estos se hayan cometido fuera de sus fronteras.
Con el pedido de Argentina a la Interpol aumenta la presión internacional contra el líder venezolano en medio de denuncias por irregularidades en las elecciones generales de julio, en las que el oficialismo se autoproclamó ganador.
De acuerdo a los estatutos de Interpol, una vez que las autoridades judiciales de un país solicitan la publicación de una notificación roja —aviso a las policías de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona a la espera de su extradición o entrega—, este pedido es analizado por los miembros de la secretaría general de la organización.
La solicitud no puede estar motivada por consideraciones políticas, militares, religiosas o raciales y solo una vez aprobada por un comité de expertos de Interpol, la organización emite la notificación roja a todos sus países miembros. Sin embargo, Interpol no puede obligar a ningún país a detener a una persona objeto de una notificación roja.
Maduro no es el único líder latinoamericano que ha enfrentado un pedido de detención ante la Interpol. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, fue condenado en su país por un caso de corrupción en 2020, pero Interpol rechazó en varias oportunidades el pedido de difusión de una notificación roja por considerar que no cumplía con los requisitos de sus estatutos.
En 2020, Interpol también rechazó un pedido contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, imputado por delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo y sedición durante las revueltas de 2019 que terminaron con su destitución.
En el marco de la causa judicial iniciada en Argentina contra Maduro, los denunciantes presentaron como prueba los testimonios de decenas de víctimas, entre ellos exfuncionarios judiciales venezolanos, que pudieron emigrar y convertirse en refugiados en Argentina y en el extranjero. También se sumaron informes de organismos internacionales, incluidos Amnistía Internacional, la OEA y Naciones Unidas, entre otros, sobre persecuciones, sometimientos, tratos degradantes y torturas.
Para el tribunal argentino, «a fin de evitar un entorpecimiento en la investigación, poner fin a la continuación de la trama delictiva y evitar futuras víctimas que padezcan irreparables violaciones a los derechos humanos, corresponde disponer la inmediata detención —vía Interpol— de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, con fines de extradición a esta República Argentina”.
Fuente: Associated Press
