El presidente Joe Biden reveló el martes planes para aprobar de inmediato importantes restricciones a los migrantes que buscan asilo en la frontera con México, en momentos en que la Casa Blanca trata de neutralizar la inmigración como tema de controversia política de cara a las elecciones de noviembre.
“La frontera no es un tema que deba ser politizado”, expresó Biden añadiendo que hubiera preferido una acción más duradera mediante una legislación, pero que «los republicanos no me dejaron otra opción”.
Por lo tanto, dijo, está eludiendo la obstrucción republicana para “hacer lo que puedo para encarar el tema fronterizo” al tiempo que insistió en que «creo que la inmigración siempre ha sido el alma de Estados Unidos… Esta acción ayudará a tomar control de nuestra frontera, a restaurar orden al proceso”.
La Casa Blanca detalló la muy anticipada proclamación presidencial firmada por Biden, que impediría otorgar asilo a migrantes cuando funcionarios estadounidenses determinen que la frontera sur está siendo abrumada. El presidente demócrata ha contemplado una acción unilateral desde hace meses, especialmente después de la caída de un acuerdo entre los dos partidos sobre el tema fronterizo luego que los republicanos lo rechazaron bajo presión de Donald Trump, el virtual candidato presidencial republicano.
La orden entrará en vigor cuando la cantidad de encuentros en la frontera entre los puertos de entrada alcance los 2.500 al día, de acuerdo con altos funcionarios del gobierno. Esto significa que la orden de Biden debería entrar en vigor de inmediato, debido a que esa cifra es más baja que los promedios diarios actuales. Las restricciones seguirían vigentes hasta dos semanas después de que el número diario de encuentros sea igual o menor que 1.500 al día entre puertos de entrada, en un promedio de siete días. Estas cifras fueron reportadas por primera vez el lunes por The Associated Press.
Una vez que la orden entre en vigor, los migrantes que lleguen a la frontera pero que no expresen temor de regresar a sus países de origen estarán sujetos a ser expulsados de inmediato de Estados Unidos en cuestión de días e incluso de horas. Esos migrantes enfrentarían penas que podrían incluir una prohibición de cinco años de volver a entrar a Estados Unidos, así como la posible presentación de cargos penales.
Mientras tanto, cualquier persona que exprese ese temor o la intención de buscar asilo será examinada por un oficial de asilo de Estados Unidos, pero con unas normas más estrictas que las que se utilizan actualmente. Si la persona aprueba el proceso, podrá buscar formas más limitadas de protección humanitaria, incluida la Convención contra la Tortura de la ONU.
La orden de Biden fue detallada por cuatro funcionarios de administración de alto nivel, que insistieron en mantenerse en el anonimato para describir este esfuerzo a los reporteros. La directriz se produce en un momento en que el número de migrantes encontrados en la frontera ha ido en declive de forma constante desde diciembre, pero aun así, los funcionarios mencionados justificaron la orden argumentando que las cifras siguen siendo demasiado altas y que podrían aumentar cuando mejore el clima, cuando suele incrementarse el número de encuentros.
Sin embargo, sigue habiendo muchas preguntas y complicaciones sobre cómo se pondrá en práctica la nueva directriz.
Por ejemplo, el gobierno de Biden ya tiene un acuerdo con México, en el que este último convino aceptar hasta 30.000 ciudadanos al mes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, una vez que se les haya negado la entrada a Estados Unidos, y los funcionarios citados dicen que dicho acuerdo continuará según esta orden. Sin embargo, no se sabe qué ocurrirá con los ciudadanos de otros países a quienes se les niega la entrada según la directriz de Biden.
Los funcionarios de alto nivel también reconocieron que el objetivo del gobierno de deportar rápidamente a los migrantes se complica debido a la financiación insuficiente por parte del Congreso. El gobierno también enfrenta ciertas limitaciones legales en lo relacionado con la detención de las familias migrantes, aunque el gobierno afirma que seguirá cumpliendo esas obligaciones.
La autoridad legal invocada por Biden se produce de conformidad con la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite que un presidente limite la entrada de ciertos migrantes si ésta se considera “perjudicial” para los intereses nacionales. Los funcionarios mencionados expresaron su confianza en que podrán poner en práctica la orden de Biden, a pesar de las amenazas de prominentes grupos legales de demandar al gobierno debido a la directriz.
Los funcionarios citados insistieron en que la propuesta de Biden difiere notablemente de la de Trump, que se apoyó en las mismas disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad utilizadas por Biden, incluida su directriz de 2017 de prohibir la entrada a los ciudadanos de naciones de mayoría musulmana y sus esfuerzos para frenar el asilo.
Por ejemplo, en la orden de Biden se menciona a varios grupos de migrantes que estarían exentos por razones humanitarias, entre ellos las víctimas de tráfico humano, los menores no acompañados y las personas con emergencias médicas graves.
La directriz también exentaría a los migrantes que llegan en lo que los funcionarios de alto nivel describieron como una forma ordenada, que incluye a las personas que hacen citas con funcionarios fronterizos en los puntos de entrada utilizando la aplicación CBP One de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Se han hecho alrededor de 1.450 citas al día mediante la aplicación, que se puso en marcha el año pasado.
La última vez que el número promedio diario de arrestos por cruzar ilegalmente desde México estuvo por debajo de 2.500 fue en enero de 2021, el mes en que Biden asumió el cargo. La última vez que el número de encuentros en la frontera se redujo a 1.500 al día fue en julio de 2020, en el apogeo de la pandemia de COVID-19.
Los republicanos del Congreso, que a principios de este año rechazaron casi unánimemente la propuesta bipartidista del Senado sobre la frontera, desestimaron la orden de Biden, diciendo que no es más que un “ardid político” con el objetivo de mostrar una aplicación más severa de la ley migratoria antes de las elecciones.
“Durante todo este tiempo, trató de convencernos a todos de que no había ninguna forma en que pudiera arreglar el desastre”, señaló el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en conferencia de prensa. “Recordemos que fue él quien la fraguó”.
Fuente: AP
