La Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas con sede en La Haya, anunció el jueves en un comunicado que celebrará audiencias públicas los próximos 30 de abril y 1 de mayo para revisar la denuncia interpuesta por México contra Ecuador tras el allanamiento de su embajada en Quito a principios de este mes.
El gobierno mexicano denunció al país andino por la violenta irrupción de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en su sede diplomática el 5 de abril y los ataques físicos a sus funcionarios durante el arresto del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien tiene dos condenas y una investigación abierta por corrupción y había recibido asilo de México un día antes de su detención.
México consideró ese acto una “flagrante transgresión a la inviolabilidad” de su embajada y al derecho internacional y presentó también una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para denunciar el incidente. La comunidad internacional se unió a la condena de lo sucedido.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere que se expulse temporalmente a Ecuador de la ONU en tanto no haya una disculpa y un reconocimiento a la vulneración de la soberanía mexicana y que se defina un procedimiento a futuro en el sistema de Naciones Unidas por si una situación similar vuelve a repetirse.
La tensión entre ambos países comenzó dos días antes la irrupción en la sede diplomática con unas declaraciones de López Obrador sobre las últimas elecciones de Ecuador, celebradas en octubre y en las que ganó Daniel Noboa. Al día siguiente México otorgó asilo a Glas. Tras los sucesos de la embajada, el gobierno mexicano rompió relaciones con Ecuador.
México recibió esta semana el apoyo casi unánime de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Venezuela y Honduras anunciaron, además, el cierre de sus embajadas en Ecuador.
El gobierno ecuatoriano ha defendido su actuación argumentando que no iba a permitir que hubiera “impunidad” y que Glas estaba refugiado en la embajada mexicana pese a tener en su contra procesos penales por delitos comunes.
Fuente: AP
