LA PAZ (AP) — La ministra de Comunicación de Bolivia calificó el jueves de «amistosas y respetuosas» las relaciones de su país con Brasil, si bien en la víspera acusó al embajador en La Paz de ejercer presión por el caso de un senador opositor refugiado en la sede diplomática brasileña.
Amanda Dávila declaró a la AP que «la actitud de un embajador no entorpecerá las relaciones con el gobierno de Dilma Rousseff, que son fraternas y respetuosas».
El miércoles, Dávila acusó al embajador brasileño Marcel Biato de ejercer «presión» para que el gobierno otorgue salvoconducto al jefe de la oposición en el Senado Róger Pinto quien solicitó asilo político a Brasil alegando persecución política del gobierno de Evo Morales.
La acción de Biato «está fuera de la función diplomática», dijo Dávila en rueda de prensa.
El lunes pasado, durante una ceremonia por las efemérides de La Paz, Biato comentó a periodistas locales que el presidente boliviano le había preguntado por Pinto. «Le dije que esta bien, en buena salud y con la expectativa de que podamos zanjar este asunto a la brevedad», dijo Biato.
Dávila interpretó como una presión por el salvoconducto estando pendiente un pedido boliviano para que el gobierno de Brasil revoque el asilo concedido al legislador.
Pinto, jefe de la oposición en el Senado, ingresó a la embajada brasileña en La Paz hace 53 para solicitar asilo político. Brasil aceptó el pedido.
Pero el gobierno alega que Pinto no es perseguido político sino un procesado por causas comunes y envió a Brasil documentación de los 20 juicios en contra del legislador, algunos por malversación de fondos públicos cuando era gobernador del departamento norteño de Pando, a la espera de que Brasilia revoque el asilo.
Pinto, un duro crítico del gobierno y miembro de Convergencia Nacional, la principal fracción de la minoría opositora en el Legislativo, vive bajo estrés y con escasa comunicación por la espera, ha dicho la diputada opositora Norma Piérola.
Vive en dos habitaciones en el piso que ocupa la embajada brasileña en un edificio del centro paceño. Aunque recibe trato preferente, está impaciente y con escaso movimiento, comentó a la AP la hija del legislador, Denís Pinto.
El caso ha tensado las relaciones entre Bolivia y Brasil. El enojo del gobierno boliviano aumentó tras una publicación de la revista brasileña Veja hace dos semanas en la que se acusa al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintama, brazo derecho de Morales, de supuestos nexos con el narco brasileño Maximiliano Dorado, deportado a Brasil a finales de 2010.
El gobierno ha descalificado esas acusaciones y atribuyó a Pinto haber filtrado las denuncias.
«La polémica pública no ayuda; una solución rápida y expedita (del caso Pinto) evitará un deterioro de las relaciones con Brasil», comentó a la AP el ex canciller Javier Murillo.
Brasil es el mayor mercado del gas boliviano y el tamaño del comercio bilateral lo hace un «socio estratégico», dijo Murillo. Además, los dos países comparten una frontera de 1.300 kilómetros muy permeable al tráfico de cocaína hacia las favelas brasileñas.
Las relaciones entre La Paz y Brasilia eran muy cordiales con Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) a quien Morales solía llamar «hermano mayor», pero se enfriaron tras el ascenso de Dilma Rousseff quien todavía tiene pendiente una visita a Bolivia.
Más de 20 políticos de la oposición conservadora buscaron refugio en Brasil, Perú, Paraguay y Estados Unidos alegando persecución política desde que Morales derrotó en las urnas en 2009 a sus opositores que un año antes lideraron una rebelión que el mandatario denunció como un intento para derrocarlo.
El propio Morales se enfrentó en agria polémica pública después que esos países otorgarán asilo a opositores, pero había mantenido silencio con Brasil hasta ahora.
Los opositores salieron del país después que el gobierno impulso juicios en su contra por casos de presunta corrupción cuando eran funcionarios.
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