Un tribunal superior ordenó el lunes que la vicepresidenta y exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner vaya a juicio por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, en una causa vinculada a sus propiedades, y en otro caso por la firma de un acuerdo de cooperación judicial con Irán para esclarecer el atentado contra un centro comunitario judío en 1994.
La Cámara de Casación, máximo tribunal penal de Argentina, dejó sin efecto los sobreseimientos que habían dictaminado los tribunales orales encargados de juzgar a la vicepresidenta en 2021.
Esta resolución no será de efecto inmediato, ya que Fernández de Kirchner —presidenta entre 2007 y 2015— puede apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Si el máximo tribunal confirma los fallos, la dirigente peronista deberá ser juzgada.
El primer caso se vincula a la renta de hoteles y propiedades de los Kirchner a empresarios ligados al negocio de la obra pública. Según la investigación de un juez de primera instancia, este era el mecanismo que utilizaba la familia Kirchner para lavar el dinero de sobornos obtenidos por la licitación de obras públicas.
En el otro caso, Fernández de Kirchner había sido procesada por el delito de encubrimiento de ciudadanos de origen iraní a los que la justicia argentina acusa de perpetrar el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires en julio de 1994, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.
La acusación apuntaba al Memorando de Entendimiento firmado en 2012 entre Argentina e Irán, el cual la entonces presidenta presentó como vía para destrabar la causa judicial por el atentado, ya que entre otros puntos permitía interrogar a los sospechosos en el exterior. El pacto contó con el respaldo del Congreso argentino, mientras Teherán, que siempre negó su vinculación con el ataque, no otorgó aprobación parlamentaria.
El fiscal federal Alberto Nisman inició la investigación por encubrimiento contra Fernández de Kirchner y otros funcionarios de su gobierno a principios de 2015. Nisman apareció muerto en su apartamento un día antes de presentarse ante una comisión del Congreso para brindar detalles sobre la denuncia. La causa continúa bajo investigación y todavía no hay culpables.
La vicepresidenta, que no se pronunció sobre los fallos del lunes, pero niega todas las acusaciones, fue condenada en diciembre pasado a seis años de prisión y se le inhabilitó de por vida de ejercer cargos públicos por un caso corrupción relacionado con el manejo de obras públicas.
Aunque el fallo no está firme, esta es la razón que esgrimió Fernández de Kirchner para no postularse en las elecciones generales de octubre, ya que aduce que es una maniobra de la justicia para proscribirla.
Fuente: AP
