Donald Trump fue acusado formalmente de delitos graves el martes por tratar de anular los resultados de las elecciones de 2020 en los días previos a la violenta revuelta de sus simpatizantes en el Capitolio federal, ya que el Departamento de Justicia está tomando medidas para que rinda cuentas por un intento sin precedentes de bloquear la transferencia pacífica del poder presidencial y por poner en riesgo a la democracia estadounidense.
El acta de acusación con cuatro cargos, el tercer caso penal en contra de Trump, revela nuevos detalles sobre un oscuro momento en la historia de Estados Unidos que ya ha sido objeto de minuciosas investigaciones federales y cautivadoras audiencias públicas. Describe una campaña de mentiras de varios meses en torno a los resultados electorales y asegura que, incluso cuando esas falsedades culminaron en una caótica insurrección en el Capitolio, Trump intentó sacar provecho a esos actos de violencia al señalarlos como una razón para demorar todavía más el conteo de votos colegiados que selló su derrota.
En un año de problemas legales en rápida sucesión para Trump, el caso penal presentado el martes fue particularmente impactante por las acusaciones de que un exmandatario arremetió contra la “función fundamental» de la democracia. Es la primera vez que el mandatario derrotado, quien encabeza los sondeos por la nominación presidencial republicana para el próximo año, enfrenta consecuencias legales por su intento desesperado, y eventualmente fallido, de aferrarse al poder, el cual culminó con el ataque al Capitolio.
“El ataque al Capitolio de nuestra nación el 6 de enero de 2021 fue un asalto sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense”, dijo el fiscal especial Jack Smith, cuya oficina dedicó meses a investigar a Trump. “Fue impulsado con mentiras, mentiras del acusado dirigidas a obstaculizar una función fundamental del gobierno federal de Estados Unidos: El proceso nacional de recolectar, escrutar y certificar los resultados de la elección presidencial”.
La campaña de Trump calificó los cargos de “falsos” y se preguntó por qué se tardaron dos años y medio en presentarlos.
Trump fue la única persona acusada en el acta del martes. Pero los fiscales se refirieron indirectamente a media docena de cómplices, incluidos abogados dentro y fuera del gobierno, que colaboraron con Trump para tratar de anular los resultados de la elección. Los indiciados también impulsaron planes de dudosa legalidad para enlistar a una serie de compromisarios falsos en siete estados que ganó el demócrata Joe Biden para que afirmaran falsamente que Trump había resultado victorioso.
Además, acusa a Trump y a sus aliados de tratar «de sacar provecho de la violencia y el caos” al pedir a los legisladores la tarde del 6 de enero que aplazaran la certificación de la victoria de Biden.
El acta menciona notas escritas a mano del exvicepresidente Mike Pence que se refieren a los incesantes acosos de Trump para que rechazara el conteo de votos colegiados. Pence, quien compite contra Trump por la nominación presidencial republicana, rechazó los acercamientos de una comisión de la Cámara de Representantes que investigó la insurrección, y trató de evitar testificar ante el fiscal especial. Compareció únicamente después de perder una batalla legal, y la fiscalía supo que Trump lo fustigó en alguna conversación por ser “demasiado honesto” para frenar la certificación.
Trump tiene programado comparecer el jueves ante la jueza federal Tanya Chutkan, el primer paso en el proceso legal que se desarrollará en un tribunal ubicado entre la Casa Blanca que alguna vez controló y el Capitolio en el que sus simpatizantes alguna vez irrumpieron. El expresidente y sus simpatizantes, e incluso algunos de sus rivales, ya han comenzado a restarle importancia a la nueva acusación, a la que califican como otro proceso judicial con motivaciones políticas.
Sin embargo, los cargos se derivan de una de las amenazas más graves a la democracia estadounidense en la historia moderna.
La acusación se enfoca en los turbulentos dos meses posteriores a los comicios de 2020 en los que Trump se rehusó a aceptar su derrota y difundió mentiras de que le robaron la victoria. El caos tuvo como resultado el ataque al Capitolio federal, cuando simpatizantes de Trump irrumpieron en el recinto, atacaron a policías e interrumpieron el conteo legislativo de votos colegiados.
En el periodo entre las elecciones y la revuelta, Trump exhortó a funcionarios electorales locales a revertir los resultados de las votaciones en sus estados, presionó a Pence para que suspendiera la certificación de votos del Colegio Electoral y afirmó falsamente que la elección le había sido robada, una noción que los jueces rechazaron en reiteradas ocasiones. Entre estas mentiras, según la fiscalía, había afirmaciones de que más de 10.000 votantes muertos habían sufragado en Georgia y que había decenas de miles de votos duplicados en Nevada. Cada uno de estos señalamientos ha sido desmentido por los tribunales o por funcionarios federales o estatales, según el acta.
Los fiscales dicen que Trump sabía que sus afirmaciones de que había ganado la elección eran falsas, «pero de igual forma el acusado las repitió y diseminó ampliamente, para hacer parecer que sus declaraciones que sabía que eran falsas parecieran legítimas, con el fin de crear un intenso ambiente nacional de desconfianza y molestia, y para socavar la confianza del público en la administración de la elección”.
La acusación era algo esperado desde que Trump dijo a mediados de julio que el Departamento de Justicia le había informado que era objeto de su investigación. Una comisión bipartidista de la Cámara de Representantes que pasó meses investigando lo sucedido antes del asalto al Capitolio también recomendó procesar judicialmente a Trump por diversos cargos, incluyendo ayudar a una insurrección y obstrucción de un procedimiento oficial.
El acta incluye cargos de conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstaculizar un procedimiento oficial y violar un estatuto posterior a la era de la reconstrucción de la guerra civil que criminaliza el conspirar para violar los derechos garantizados en la Constitución; en este caso: el derecho al voto.
La creciente lista de casos penales en contra de Trump se desarrolla en medio de la contienda rumbo a 2024. Una sentencia condenatoria en este, o en cualquier otro caso, no evitaría que Trump compitiera por la Casa Blanca o que gane la presidencia, aunque como mandatario, Trump en teoría podría designar a un secretario de Justicia que desestime los cargos o incluso otorgarse a sí mismo un indulto.
En Nueva York, fiscales estatales han acusado a Trump de falsificar registros contables relacionados con el pago para silenciar a una actriz porno que afirma que tuvo una relación extramarital con el empresario antes de los comicios de 2016. Ese juicio inicia a finales de marzo.
En Florida, el Departamento de Justicia ha presentado más de 30 cargos por delitos graves en contra de Trump por posesión ilícita de documentos confidenciales después de dejar la Casa Blanca y ocultarlos del gobierno. Dicho juicio está programado para finales de mayo.
Los fiscales de Georgia están investigando los intentos de Trump y sus aliados de revertir su derrota electoral ante Biden allí en 2020. Se espera que el fiscal de distrito del condado Fulton anuncie una decisión sobre si acusa al expresidente en cuestión de semanas.
Fuente: AP
