Más de 200.000 millones de dólares podrían haber sido robados de dos importantes iniciativas de ayuda por COVID-19, según nuevos estimados de un organismo federal de control interno que investiga los programas federales que ayudaron a las pequeñas empresas a sobrevivir a la peor crisis de salud pública en más de 100 años.
Las cifras que el inspector general de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de Estados Unidos (SBA por sus siglas en inglés) dio a conocer el martes exceden por mucho las proyecciones previas de la agencia y dejan al descubierto la vulnerabilidad de los programas de Protección de Pago (PPP) y de Préstamo de Desastre por Daños Económicos por COVID-19 (COVID-EIDL por sus siglas en inglés), en especial durante las primeras etapas de la pandemia de coronavirus.
De acuerdo con el reporte del inspector general, “al menos el 17% de todos los fondos del COVID-EIDL y del PPP se entregaron a sujetos posiblemente fraudulentos”.
Se estima que el fraude para el Programa de Préstamo de Desastre por Daños Económicos por COVID-19 excedió los 136.000 millones de dólares, lo que representa el 33% del total invertido en el programa, según el reporte. En tanto, el estimado de fraude del Programa de Protección de Pago es de 64.000 millones, según el inspector general.
En comentarios adjuntos al reporte, una alta funcionaria de la SBA cuestionó las nuevas cifras. Bailey DeVries, administradora asociada en funciones para acceso de capitales de la SBA, dijo que el enfoque del inspector general “contiene graves fallas que sobreestiman de manera significativa el fraude y engañan de manera involuntaria al público para que crea que el trabajo que realizamos en conjunto no tuvo un impacto significativo en la protección contra el fraude”.
El inspector general de la SBA había calculado previamente que el fraude en el COVID-EIDL era de 86.000 millones de dólares, y de 20.000 millones en el PPP.
The Associated Press reportó el 13 de junio que los defraudadores y estafadores habían esquilmado alrededor de 280.000 millones de dólares de la asistencia de emergencia por el COVID, mientras que otros 123.000 millones se desperdiciaron o se gastaron indebidamente. El grueso de las posibles pérdidas pertenece a los dos programas de la SBA y a otra iniciativa para brindar subsidios por desempleo a los trabajadores que repentinamente se quedaron sin trabajo en medio del caos económico que provocó la pandemia.
Las tres iniciativas se lanzaron durante el gobierno del presidente Donald Trump y fueron heredadas a su sucesor. En total, las pérdidas que estimó la AP representan el 10% de los 4,2 billones de dólares que el gobierno federal ha desembolsado en asistencia por el COVID hasta el momento.
El gobierno federal ha reportado ahora un posible fraude de 276.000 millones de dólares, una cifra que encaja con el análisis de la AP.
Gene Sperling, alto funcionario de la Casa Blanca encargado del gasto de asistencia por la pandemia, dijo el martes en una entrevista que el 86% del fraude, o del posible fraude, en los programas de crédito de emergencia ocurrieron durante los primeros nueve meses de la pandemia, cuando Trump era presidente.
“Doscientos mil millones de dólares es una cifra muy grande, pero esto nuevamente debe recordarse como un posible fraude», comentó Sperling. “Pensamos que la cantidad defraudada o muy probablemente defraudada es mucho menor, muy por debajo de los 100.000 millones, quizá alrededor de 40.000”.
Pero, añadió: “Como sea, es inaceptablemente elevado”.
El inspector general de la SBA, Hannibal Ware, dijo el martes en un comunicado que el reporte “utiliza asistencia social investigativa, reportes previos (de la oficina del inspector general) e innovador análisis de datos para identificar varios planes de fraude utilizados para posiblemente robar más de 200.000 millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses y explotar los programas dirigidos a ayudar a los necesitados”.
Ware declaró a principios de mes a The Associated Press que las cifras de fraude más reciente no serán las últimas que dé a conocer su oficina.
“Seguiremos estimando el monto del fraude hasta que hayamos concluido con las investigaciones al respecto”, dijo.
Eso podría tomar tiempo. Su oficina tiene un retraso de más de 90.000 pistas procesables sobre fraude a la asistencia de la pandemia, lo que significa trabajo para casi un siglo.
La SBA emitió su propio reporte el martes, detallando las medidas que ha implementado para combatir el fraude. La administradora de la agencia, Isabella Casillas Guzman, dijo en un comunicado que el reporte detalla “las efectivas medidas que se han implementado para combatir el fraude y hacer que quienes actúen mal rindan cuentas”.
La SBA dijo previamente a la AP que el gobierno federal no ha desarrollado un sistema aceptado para evaluar el fraude en los programas federales. Los análisis previos, señaló la agencia, han señalado un “posible fraude” o “indicadores de fraude” de manera tal que transmite esas cifras como una verdadera estimación de fraude cuando no lo son. En lo referente al programa COVID-EIDL, la agencia señaló que su “estimación de trabajo” descubrió un posible fraude por 28.000 millones de dólares.
El fraude en los programas de asistencia por desempleo durante la pandemia se mantiene en 76.000 millones de dólares, según un testimonio del inspector general del Departamento del Trabajo, Larry Turner, ante el Congreso. Se trata de un cálculo conservador. Otros 115.000 millones de dólares se enviaron accidentalmente a personas que no debían recibir estos beneficios, según su testimonio.
El gobierno de Biden implementó medidas más estrictas para frenar el fraude relacionado con la pandemia, las cuales incluyen el uso de una base de datos con personas a las cuales no se les deben hacer pagos. Biden también propuso recientemente un plan de 1.600 millones de dólares para aumentar las labores policiales para ir tras los defraudadores de los programas de asistencia por la pandemia.
Bob Westbrooks, quien fuera director ejecutivo de la Comisión de Rendición de Cuentas de Respuesta a la Pandemia, dijo en una entrevista que la cifra de 200.000 millones de dólares es “inaceptable, sin precedentes e inconmensurable”. Westbrooks publicó la semana pasada el libro “Left Holding the Bag: A Watchdog’s Account of How Washington Fumbled its COVID Test».
“La rápida distribución de fondos y la integridad de los programas no son mutuamente excluyentes”, dijo Westbrooks el martes. “El gobierno puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Deberían haber puesto en marcha controles básicos contra el fraude para verificar la identidad de las personas y asegurarse de que la ayuda destinada llegaba a las manos correctas”.
Fuente: AP
