La situación migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México seguía siendo tensa el martes por la incertidumbre sobre el futuro de las restricciones a los solicitantes de asilo, después que el gobierno del presidente Joe Biden pidió a la Corte Suprema que no retire las medidas antes de Navidad.
El gobierno federal presentó su solicitud un día después de que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitiera una orden temporal para mantener en vigor las restricciones migratorias implementadas durante la pandemia. Antes de la orden de Roberts, las restricciones estaban programadas para expirar el miércoles.
El gobierno federal admitió que poner fin a las restricciones conocidas como Título 42 probablemente provocaría “trastornos y un aumento temporal de cruces fronterizos ilegales”. Pero el gobierno pidió al tribunal que rechace los intentos de un grupo de estados de tendencia conservadora por mantener una medida que permite a las autoridades expulsar a muchos solicitantes de asilo, aunque no a todos.
Estados Unidos les ha negado a los migrantes el derecho consagrado en las leyes nacionales e internacionales a solicitar asilo en 2,5 millones de ocasiones desde marzo de 2020 con el argumento de evitar la propagación de COVID-19, bajo el amparo de una norma de salud pública llamada Título 42.
Debido a que una decisión al respecto podría darse hasta el último momento, la presión se ha estado acumulando en las comunidades de ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México.
En El Paso, Texas, el alcalde demócrata Oscar Leeser advirtió que los albergues de Ciudad Juárez, México, se encuentran a su máxima capacidad, con unos 20.000 migrantes dispuestos a cruzar a Estados Unidos.
La ciudad tomó medidas para ampliar su capacidad para recibir a más migrantes, adaptando edificios grandes como albergues, mientras que la Cruz Roja puso a disposición 10.000 catres. Las autoridades locales también esperan aliviar la presión sobre los albergues de la zona mediante el traslado de migrantes a otras ciudades grandes de Texas y de estados aledaños, acercándolos a familiares o patrocinadores en coordinación con organizaciones sin fines de lucro.
“Seguiremos preparados para lo que venga”, señaló Leeser.
El estado desplegó esta semana a elementos de la Guardia Nacional de Texas en El Paso, donde utilizaron alambre de púas para cubrir una apertura en la valla fronteriza en los márgenes del río Grande (o Bravo), la cual se convirtió en un cruce popular en los últimos días para los migrantes que sortearon las aguas poco profundas para acercarse a los funcionarios de inmigración. Los agentes usaron un altavoz para anunciar en español que es ilegal cruzar por ese punto.
Texas anunció el envío de 400 miembros de la Guardia Nacional a la ciudad fronteriza luego de que las autoridades locales declararon un estado de emergencia. Leeser dijo que la declaratoria era con el objetivo principal de proteger a los migrantes vulnerables, aunque el despliegue incluyó fuerzas utilizadas para “repeler y enviar de regreso a los inmigrantes ilegales”, según un comunicado de la Guardia Nacional de Texas.
Activistas por los derechos de los migrantes han dicho que las restricciones del Título 42, impuestas en disposiciones de una ley de salud de 1944, van en contra de las obligaciones nacionales e internacionales con las personas que huyen hacia Estados Unidos para escapar de la persecución, y que el pretexto es obsoleto debido a las mejoras en los tratamientos para combatir al coronavirus. Los activistas interpusieron una demanda para poner fin al uso del Título 42: un juez federal avaló su argumento en noviembre pasado y fijó el 21 de diciembre como fecha para terminar con el uso de la norma.
En su apelación de último minuto ante la Corte Suprema, los estados de tendencia conservadora argumentaron que el aumento en el número de inmigrantes repercutiría en servicios como la seguridad pública y la atención médica, y advirtieron de una “calamidad sin precedentes” en la frontera sur. Dijeron que el gobierno federal no cuenta con un plan para lidiar con el aumento de migrantes, mientras que en Washington los republicanos se disponen a tomar control de la Cámara de Representantes y convertir el tema de migración en un punto clave.
El gobierno federal informó el martes al tribunal que ha destinado más recursos a la frontera sur en preparación para el fin del Título 42. Esto incluye más coordinadores de procesamiento de la Patrulla Fronteriza, un reforzamiento de la vigilancia y más seguridad en los puertos de entrada, de acuerdo con el gobierno de Biden.
Actualmente hay unos 23.000 agentes desplegados en la frontera sur, según la Casa Blanca.
«El gobierno no pretende en absoluto minimizar la gravedad de ese problema. Pero la solución a ese problema de inmigración no puede ser prorrogar indefinidamente una medida de salud pública que todos reconocen ahora que ha superado su justificación de salud pública”, escribió el gobierno en su solicitud al máximo tribunal.
Sin embargo, el gobierno federal también pidió a la Corte Suprema que le diera algo de tiempo para prepararse en caso de que permita que se levanten las restricciones al asilo. Si la Corte Suprema toma una decisión antes del viernes, el gobierno quiere que las restricciones continúen en vigor hasta el final del día 27 de diciembre. En caso de que la corte tome una determinación el viernes o después de esa fecha, el gobierno quiere que las restricciones sigan vigentes hasta el segundo día hábil posterior a la orden.
De concederse, cualquiera de los dos plazos, significaría que el Título 42 seguiría en vigor al menos hasta después de Navidad.
La Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos que buscan ponerle fin al uso del Título 42 dijeron el martes a la Corte Suprema que mantener las restricciones amenaza con “daño adicional para los no ciudadanos”. Al igual que el gobierno, destacaron el momento en que los estados presentaron su apelación, asegurando que esperaron demasiado tiempo para tratar de intervenir y que con su propio retraso aumentaba el riesgo de una “perturbación”.
En un albergue afiliado a una organización religiosa en El Paso, a unas cuadras de la frontera, el reverendo Michael Gallagher dijo que los líderes religiosos locales han intentado recaudar recursos y adaptar espacios disponibles. El martes, un gimnasio de la iglesia del Sagrado Corazón albergó a 200 migrantes, en su mayoría mujeres y niños.
El lunes, afuera de la iglesia, José Natera, un empleado de mantenimiento de 48 años procedente de la localidad de Guaicaipuro, Venezuela, contó que viajó durante tres meses para llegar a El Paso, en ocasiones a pie, y que no cuenta con dinero ni patrocinadores para ir más lejos.
El obispo católico de El Paso, Mark Seitz, expresó su preocupación de que la demora en ponerle fin a las restricciones impida que los migrantes que tuvieron que huir de sus países de origen siquiera presenten sus argumentos para recibir protección en Estados Unidos, luego de años de necesidad reprimida.
“¿Y ahora qué pasa con todos los que vienen en camino?”, se preguntó.
Las restricciones de Título 42 aplican a todas las nacionalidades, pero se han ejercido en mayor medida a los migrantes de países a los que México acepta recibir tras ser expulsados por Estados Unidos: Guatemala, Honduras, El Salvador, y más recientemente Venezuela, además de México.
Fuente: AP
