WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema resolvió el jueves la polémica jurídica que atascaba la reforma del sistema de salud. Ahora los estadounidenses comprobarán si la reforma promovida por el presidente Barack Obama funcionará como lo anunció: cobertura para millones de personas sin seguro médico mientras se mantienen los costes bajo control.
Si el plan funciona, Estados Unidos se acercará más a otros países desarrollados que durante décadas han garantizado la salud pública a sus ciudadanos. Si falla, seguramente vendrán discusiones políticas interminables sobre los problemas como los altos costos médicos, un desperdicio generalizado y millones de personas sin seguro médico.
«Mi esperanza es que tendremos acceso a una atención de salud para toda la familia que podamos costear», dijo Vicki McCuistion, una de los 6,7 millones de texanos sin seguro médico, después de enterarse de la decisión del máximo tribunal federal. Obama renovó su promesa el jueves en la Casa Blanca, pero podrían pasar años antes de saber respuestas plenas.
Los republicanos, desde el candidato presidencial Mitt Romney hasta los legisladores en el Capitolio seguirán presionando para que sea derogado lo que ellos llaman burlonamente «Obamacare» (Un híbrido de Obama y Medicare, el seguro médico para personas de 65 años o más), pero el foco pasa ahora rápidamente de Washington a los estados.
Aunque se espera que deban desempeñar un papel crucial en concretar los planes, sólo 14 estados, además de la capital estadounidense, han aprobado los cambios necesarios.
Muchos gobernadores y legisladores republicanos se han resistido a la creación de nuevos sitios de compraventa de seguros, pues tenían la esperanza de que la Corte Suprema derogara la llamada Patient Protection and Affordable Care Act (Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible o PPACA). Los nuevos mercados de seguros de salud son una pieza clave de la reforma y su ausencia podría convertirse en un problema para todo el país.
La Asociación Nacional de Comisionados de Seguros prevé que apenas la mitad de los estados estarán listos para establecer los nuevos sitios de compraventa, que según lo programado deberá ocurrir en 2014. Si los estados no están listos, la ley permite que el gobierno federal pueda intervenir directamente para manejar las cosas en esas entidades.
Los estados deben entregar en el último trimestre del año sus planes al gobierno federal sobre los nuevos mercados, llamados «exchanges» (bolsas). En aquellos estados que no cumplan, Washington administrará la bolsa, que se supone debe ser una especie de ventanilla única para contratar seguro de salud, encaminar a las familias de clase media hacia los planes privados y canalizar a las personas de bajos ingresos al Medicaid, el programa gubernamental de asistencia médica para los pobres o incapacitados.
«Los estados van a tener que tomar una decisión muy rápida sobre las bolsas», dijo el comisionado de Seguros de Dakota del Norte Adam Hamm, un republicano. La mayoría de las legislaturas estatales están en receso actualmente, pero los gobernadores pueden llamar a los legisladores a sesiones extraordinarias.
Los inmigrantes sin residencia legal no tienen derecho a los nuevos seguros médicos conforme a la ley de reforma, por lo que seguirán siendo uno de los grupos más grandes de la población sin cobertura.
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