BOGOTA (AP) — Tras intensos debates, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos conseguiría el jueves que el Congreso archive una reforma constitucional al sistema de justicia que le costó la renuncia de uno de sus ministros y el resquebrajamiento de sus relaciones con el Legislativo.
Sin embargo, congresistas y analistas dijeron que aunque el capítulo de la reforma pudo lesionar las relaciones de Santos con sus bancadas, esos daños son menores. Santos también quedó bien parado ante la opinión pública al quedar como quien rechazó el cambio constitucional y promovió su archivo, manteniéndose en sintonía con los ciudadanos, ingrediente clave si planea su reelección en 2014.
Además destacaron que la importancia de archivar el proyecto es que no tenga vigencia uno de los cambios que más críticas recibió por sus efectos: retirarle a la Fiscalía General sus facultades de investigar a funcionarios con fuero, como ministros, magistrados y generales. Si ese cambio regía, los procesos debían volver a comenzar y muchas personas ya detenidas y procesadas podrían quedar libres al reclamar que su investigación comenzara nuevamente en manos de una nueva sala de la Corte Suprema que asumiría esos casos.
La reforma fue aprobada el 20 de junio en el último día de sesiones del Congreso antes del asueto de mediados de año, pero como de inmediato surgieron en los medios de comunicación y en las redes sociales críticas a algunos de sus puntos, Santos convocó para miércoles y jueves dos sesiones extraordinarias con el pedido expreso de archivar esos cambios.
En una rápida sesión, la Cámara de Representantes aprobó el archivo de la reforma por 117 votos, la mayoría de los 166 miembros. El resto de los congresistas no asistió a la sesión y no hubo votos en contra, indicó la Cámara en su página de internet.
Se espera ahora la votación en Senado de 102 integrantes.
Aunque en el debate del miércoles el gobierno debió escuchar duras críticas de sus congresistas por haberles «echado el agua sucia como los responsables de la aprobación (de la reforma)», Jorge Iván Cuervo, profesor de políticas públicas y derechos humanos de la Universidad del Externado en Bogotá dijo a The Associated Press que «el presidente fue muy hábil al salir ante la ciudadanía como el salvador al pedir el archivo, quemó a su ministro y listo».
El viernes en medio de los cuestionamientos a la reforma, el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra anunció su dimisión irrevocable al cargo al explicar que aunque a último minuto se introdujeron cambios al proyecto de los que no estaba al tanto, era responsable político de su aprobación y por ello asumía su cuota de responsabilidad.
Pero el senador Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional del presidente Santos, destacó que el gobierno no sólo conocía los aspectos de la reforma sino que solamente reaccionó por las críticas en los medios y en las redes. «No se puede gobernar por titulares… y no es cierto que era un cataclismo» el contenido de toda la reforma, dijo el congresista en entrevista telefónica.
«Esa reforma es de autoría del gobierno y después abandona la responsabilidad… dejando la sensación que era el Congreso el responsable único de esas equivocaciones», indicó Barreras al destacar que había puntos positivos como la creación de juzgados en localidades donde no existen y negativos, como el de la Fiscalía.
Cuando se apruebe el archivo de la reforma, esa modificación que retiraba a la Fiscalía General la competencia de investigar a funcionarios con fuero –y la entregaba a una nueva instancia aún por crear en la Corte Suprema– ya no regirá, dejando a salvo por lo menos 1.500 procesos que lleva actualmente el ente investigador, dijo Cuervo, que también criticó el rol de las altas cortes en todo este capítulo porque ha guardado silencio frente al impacto de la reforma.
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