El presidente electo Gustavo Petro logró dar vuelta a la hoja y obtener la mayoría en el nuevo Congreso que tomó posesión el miércoles, el cual será clave para sacar adelante sus ambiciosas reformas, mostrando que en Colombia incluso el primer gobierno de izquierda en su historia comienza su mandato con apoyo parlamentario, como es usual para los gobernantes de turno.
El Congreso bicameral cuenta con 108 senadores y 187 legisladores en la Cámara de Representantes, pero a diferencia del anterior tendrá por primera vez 16 escaños destinados a las víctimas del conflicto armado, una representación inédita de la izquierda y casi el 30% de los escaños ocupados por mujeres.
La recomposición de las fuerzas políticas del país se dio en las recientes elecciones. En marzo se celebraron las legislativas y en junio la segunda ronda que le dio la victoria a Petro en la presidencia, en reemplazo del actual presidente conservador Iván Duque, que entrega el poder el 7 de agosto.
En su última intervención ante el Congreso, Duque defendió su gestión al resaltar que implementó programas en busca de la “equidad” en medio de una pandemia de COVID-19 que provocó muertes, desempleo y pobreza. Al defender a la fuerza pública y a los empresarios durante su discurso, fue aplaudido por congresistas afines, mientras que los opositores que sostenían fotografías de líderes sociales asesinados le gritaron “mentiroso” cuando aseguró que su gobierno les brindó protección.
El presidente saliente resaltó su programa para legalizar a 1,8 millones de migrantes venezolanos y reafirmó su crítica al gobierno del mandatario Nicolás Maduro, al que califica de “dictatorial”.
“A todos los venezolanos les decimos que aquí estamos quienes creemos en las instituciones, y que son las elecciones libres la única manera como debe retornar la esperanza a Venezuela”, aseguró Duque.
Los analistas vaticinaban una complicada gobernabilidad para Petro. Aunque logró 20 escaños en el Senado con su movimiento Pacto Histórico, consiguiendo ser la bancada más numerosa, y 29 en la cámara baja, necesitaba apoyos políticos con el centro y la derecha para conformar mayorías.
Durante la campaña política Petro generó resistencias en un sector de la población que desconfiaba de su pasado como insurgente: fue militante de la extinta guerrilla M-19 en un país que ha vivido décadas de conflicto armado con guerrillas de izquierda. Además, desafió a la clase dirigente y propuso reformas estructurales en materia de pensiones, impuestos para los sectores más adinerados, la tenencia de la tierra y el modelo extractivista.
Sin embargo, con acuerdos políticos logró poner de su lado a las bancadas más poderosas y numerosas de los partidos tradicionales que no lo apoyaron en campaña como el Liberal, dirigido por el expresidente César Gaviria, y una parte del Conservador, con ideas políticas bastante alejadas del progresismo y la izquierda. Ahora se suman el partido Verde, la Alianza Social Independiente y Comunes, el partido formado por los excombatientes de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que dejaron las armas en el 2016.
Otros partidos de centro-derecha como La U o Cambio Radical aún no han definido si se unirán a la coalición de Petro.
El analista político Johan Caldas, de la Universidad de la Sabana, dijo a The Associated Press que tanto los acuerdos “políticos para sacar adelante iniciativas, como la distribución de cargos terminó por hacer coaliciones mayoritarias”. Sin embargo, tendrá el reto de mantenerlas a lo largo de su gobierno.
Aunque se trata de un gobierno de izquierda, Petro ha dado cabida en el gabinete ministerial a más corrientes políticas, y en el Congreso las mesas directivas también serán diversas e incluirán a los que se sumaron recientemente a la coalición.
“Es absolutamente natural que los partidos de gobierno, pues gobiernen, como en todas las democracias”, dijo a la AP el senador Roy Barreras, rechazando que se trate de clientelismo político. Barreras es el nuevo presidente del Senado y es cercano a Petro.
Para Barreras, las mayorías se consiguieron por la invitación de Petro a lograr un “acuerdo nacional” para entablar un diálogo con amplios sectores sociales, políticos y económicos.
En la oposición se situaron los partidos cristianos y el Centro Democrático, de corte conservador, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), un férreo opositor político de Petro.
“Estamos sorprendidos porque hay partidos que no son afines ideológicamente con lo que representa Petro y ahora los vemos como aliados”, dijo a la AP José Jaime Uzcátegui, representante del Centro Democrático, quien pide que en el nuevo gobierno “respeten los derechos de la oposición”.
“Vamos a proteger a capa y espada la Constitución, el estatuto de la oposición y los intereses de la fuerza pública que consideramos sí se ven seriamente amenazados en este gobierno”, agregó Uzcátegui.
Aunque Colombia es un país presidencialista, dice el analista Caldas, su poder no es absoluto y “está limitado no sólo por la ley, también por presiones de partidos políticos y las instituciones”.
Petro ha propuesto reformar la policía, actualmente bajo el mando del Ministerio de Defensa, reubicándola en el Ministerio de Interior o de Justicia, y eliminar la agrupación de policías antimotines que suelen intervenir en las protestas sociales.
Sin embargo, Barreras considera que la prioridad de la agenda legislativa se concentrará en la reforma tributaria de más de 10.900 millones de dólares, con la que se busca obtener recursos para financiar amplios programas sociales que Petro prometió a su electorado, como educación universitaria gratuita, un “plan urgente en los primeros 100 días de gobierno contra el hambre y subsidio a los alimentos”.
Los más afectados por la reforma fiscal serán las personas de mayores ingresos. Según dijo el nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en entrevista con la AP será el “1% más rico”, es decir, quien tenga ingresos mensuales de más de 10 millones de pesos (2.100 dólares) con el impuesto a la renta. También aseguró que volverá el impuesto al patrimonio sólo para las personas y se reducirán los beneficios tributarios para algunos sectores.
“Habrá una gran resistencia de los sectores económicos privilegiados financieros, bancarios y los terratenientes de tierras improductivas, que tendrán una gran capacidad de lobby para tratar de impedir las reformas sociales que el gobierno de Petro va a sacar adelante”, dijo Barreras, quien se propuso liderar un trámite rápido para una reforma difícil que toca los bolsillos en medio de una creciente inflación.
En paralelo, el petrismo propone impulsar una reforma rural integral que priorice la soberanía alimentaria y la ayuda a los campesinos, una reforma política contra la corrupción, la reforma a la policía y la creación del Ministerio de la Igualdad, que dirigirá la vicepresidenta Francia Márquez, primera afrodescendiente en ocupar el cargo.
Además le apostará a un proyecto que busca regular el uso de la hoja de coca, la amapola, los hongos y sus derivados para uso adulto y medicinal.
Petro buscá el diálogo y sometimiento a la justicia de los grupos armados que todavía quedan en Colombia, como la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el cártel Clan del Golfo. En la misma línea, el senador Barreras envió el miércoles un mensaje a los violentos y aseguró que el Congreso “les dará una oportunidad” a través de “adecuaciones necesarias en el sistema de justicia» o disposiciones normativas que faciliten su sometimiento.
Pero sobre todo, el nuevo Congreso tiene el reto de mejorar una decaída imagen ante la ciudadanía. Según la encuesta Invamer, realizada periódicamente desde el año 2000, la opinión desfavorable que se tiene del Congreso ha aumentado desde el 2010. En la última medición, realizada entre el 30 de junio y el 10 de julio con 1.200 encuestas, el poder legislativo tiene un 73% de imagen desfavorable, frente a un 19% de opinión favorable.
Jeison Gómez, un taxista de Bogotá, considera injusto que los congresistas devenguen un salario millonario de unos 7.800 dólares mensuales, mientras él trabajando más de 12 horas diarias en el transporte reúne sólo unos 465 dólares al mes para su familia de cuatro personas.
Un grupo de congresistas presentarán en los próximos días una reforma al Congreso que incluirá una reducción del salario, limitará la reelección de congresistas a no más de tres periodos, y disminuirá las vacaciones y las inasistencias. En el pasado han fracasado proyectos similares.
“El que tiene quiere tener más», señaló Gómez a la AP. «Ellos no van a aprobar bajarse el sueldo, porque ellos mismos son los que hacen las leyes”.
Fuente: AP
