“Mi oposición gira en torno principalmente a la posibilidad de que este Marco legal para la Paz permita que quienes sean responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad puedan quedar en libertad o que esos procesos en algunos casos, de acuerdo a cómo lo determine esta reforma constitucional con los cuales algunas personas no son declaradas máximos responsables, se pueden suspender los procesos en su contra así hayan reconocido la comisión de delitos de lesa humanidad y por lo tanto esas personas podrían no solamente quedar en libertad, sino también ser elegidas a cargo de elección popular, a corporaciones públicas principalmente. Esa es mi oposición y sobre todo porque aquí no hemos definido claramente cuáles son los delitos conexos al delito político y eso podría dar lugar entonces a que en algún momento se declare que no solamente los delitos de lesa humanidad pueden ser considerados conexos al delito político sino algo muy grave como es el delito del narcotráfico”.
“Los delitos de lesa humanidad están establecidos en el Estatuto de Roma. Colombia es signatario de ese estatuto, de hecho una de las posiciones por las que Human Rights Watch dice que no es conveniente que se apruebe este reforma constitucional es porque precisamente allí se establecen claramente cuáles son los delitos de lesa humanidad y en el evento que se comentan ese tipo de, en ningún momento la persona que los cometió puede quedar en libertad, debe pagar alguna condena, debe ir a la cárcel, debe ser sancionado”.
“Puede una ley de justicia transicional, y eso lo permite el Estatuto de Roma, establecer una sanción penal diferente a la que tiene el Código Penal colombiano, pero como ocurre en este momento con la ley que sirvió para la reincorporación de los militares en Colombia que se conoce como la Ley de Justicia y Paz, que tiene unas sanciones que para mí siguen siendo muy bajas, de 4 a 8 años de prisión, pero que de todas maneras eso está dentro del marco del Estatuto de Roma, el hecho de que se pueda establecer una sanción penal diferente”.
“El problema del Marco legal para la Paz es que no establece ninguna sanción. Establece la posibilidad de que no haya sanción penal para los responsables de delitos de lesa humanidad. Para mí sería impunidad, por supuesto. De pronto los que están en Miami no conocen las dimensiones del conflicto, del problema que tenemos en Colombia”.
“Yo creo que esto ya se volvió un tema político pues nosotros queremos hacer la paz a toda costa y yo veo que las cosas en Colombia han cambiado. Cuando el presidente Uribe llega al poder había 22 mil guerrilleros de las FARC. Hoy en día quedan 8 mil. Son muchos pero están en regiones muy apartadas y hay un ejército muy fortalecido, hay una fuerza pública donde ya contamos con 450 mil hombres que viene haciendo una labor de persecución y de presión muy fuerte hacia esos grupos guerrilleros”.
“Entonces el camino para nosotros es seguir avanzando en esa política como lo hizo el Perú que logró acabar con Sendero Luminoso, que logró acabar con el Tupac Amarú. En Colombia la guerrilla es derrotable”.