Motivados por votantes enojados por los cierres de negocios y los mandatos sobre el uso de barbijos durante la pandemia, legisladores republicanos en más de la mitad de los estados de Estados Unidos están reduciendo las atribuciones que los funcionarios estatales y locales tienen para proteger al público contra las enfermedades infecciosas.
Una investigación de KHN encontró que, desde que comenzó la pandemia, legisladores en los 50 estados han propuesto proyectos de ley para limitar esas atribuciones. Al menos 26 aprobaron leyes que debilitan permanentemente la autoridad del gobierno para proteger la salud pública. En otros tres, una orden ejecutiva, una votación o un fallo de la Corte Suprema estatal limitaron los poderes que existían desde hace mucho tiempo.
En Arkansas, los legisladores prohibieron el uso obligatorio de tapabocas, excepto en empresas privadas o entornos de atención médica administrados por el estado, calificándolos de “una carga para la paz pública, la salud y la seguridad de los ciudadanos de este estado”. En Idaho, comisionados de los condados, que normalmente no tienen experiencia en el tema, pueden vetar órdenes de salud pública en todo el condado. Y en Kansas y Tennessee, las juntas escolares son las que tienen el poder de cerrar las escuelas, no los funcionarios de salud,.
El presidente Joe Biden anunció el jueves 9 de septiembre amplios mandatos de vacunación y otras medidas sobre el COVID-19, diciendo que se vio obligado a actuar en parte debido a estas legislaciones. Como ejemplo:
• En al menos 16 estados, los legisladores han limitado el poder de los funcionarios de salud pública para ordenar el uso de barbijos, cuarentenas o aislamientos. En algunos casos, se otorgaron a sí mismos o a políticos locales la autoridad para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas.
• Al menos 17 estados aprobaron leyes que prohíben los pasaportes de vacunación o los mandatos para vacunarse, o facilitaron eludir los requisitos de vacunas.
• Al menos nueve estados tienen nuevas leyes que prohíben o limitan los mandatos del uso de tapabocas. En cinco más, órdenes ejecutivas o fallos judiciales limitan estos requisitos.
Gran parte de esta legislación ha estado entrando en vigencia a medida que las hospitalizaciones por COVID en algunas áreas alcanzan sus cifras más altas desde que comenzó la pandemia.
“Realmente podríamos ver a más personas enfermas, heridas, hospitalizadas o incluso más muertes, dependiendo de lo extremo de la legislación y la restricción de la autoridad”, dijo Lori Tremmel Freeman, directora de la National Association of County and City Health Officials (Asociación Nacional de Funcionarios Sanitarios de Concado y Municipales).
Académicos de salud pública y funcionarios están frustrados porque ellos mismos, en lugar del virus, se han convertido en el enemigo. Argumentan que estas acciones tendrán consecuencias que durarán mucho más allá de esta pandemia, disminuyendo no solo su capacidad para combatir la última oleada de COVID sino también futuros brotes de enfermedades.
“Es como tener las manos atadas en medio de una pelea de boxeo”, dijo Kelley Vollmar, directora ejecutiva del Departamento de Salud del condado de Jefferson en Missouri.
Pero defensores de los nuevos límites dicen que son un control necesario de los poderes ejecutivos y que les dan a los legisladores una voz durante emergencias que duran mucho tiempo. El senador estatal de Arkansas Trent Garner, republicano que copatrocinó el exitoso proyecto de ley de su estado para prohibir el uso obligatorio de barbijos, dijo que estaba tratando de reflejar el deseo de la gente.
“Lo que la gente de Arkansas quiere es que la decisión quede en sus manos, en ellos y en sus familias”, dijo Garner. “Es hora de quitarles el poder a los llamados expertos, cuyas ideas han sido lamentablemente inadecuadas”.
Después de firmar inicialmente el proyecto de ley, el gobernador republicano Asa Hutchinson expresó su descontento y convocó a una sesión legislativa extraordinaria a principios de agosto para pedir a los legisladores que establecieran una excepción para las escuelas. Rechazaron el pedido. La ley está actualmente bloqueada por un juez de Arkansas que la consideró inconstitucional. Hay más batallas legales en otros estados.
La legislatura de Montana aprobó algunas de las leyes más restrictivas, limitando severamente los poderes de la salud pública para decretar cuarentenas y aislamientos, aumentando el poder de los funcionarios locales por sobre las juntas de salud, impidiendo límites a las reuniones religiosas y prohibiendo a los empleadores, incluso en entornos de atención médica, exigir vacunas contra COVID, la gripe o cualquier otra cosa.
El no poder disponer cuarentenas ha dejado a Karen Sullivan, funcionaria de salud del departamento de Butte-Silver Bow de Montana, aterrorizada por lo que vendrá, no solo durante esta pandemia sino también por futuros brotes de sarampión.
“Confiar en la moralidad y la buena voluntad no es una buena práctica de salud pública”, dijo.
Freeman dijo que el grupo de funcionarios de salud de su ciudad y condado tiene poca influencia y recursos, especialmente en comparación con el American Legislative Exchange Council (ALEC), un grupo conservador respaldado por corporaciones que promovió un proyecto de ley modelo para restringir los poderes de emergencia de los gobernadores y otros funcionarios.
El proyecto de ley parece haber inspirado docenas de iniciativas similares a nivel estatal, según la investigación de KHN. Al menos 15 estados aprobaron leyes que limitan los poderes de emergencia. En algunos, los gobernadores ya no pueden ordenar el uso de máscaras y los legisladores pueden revocar sus órdenes ejecutivas.
Las nuevas leyes están destinadas a reducir el poder de los gobernadores y restablecer el equilibrio entre los poderes ejecutivos y legislativos de los estados, dijo Jonathon Hauenschild, director del grupo de trabajo de ALEC sobre comunicaciones y tecnología. “A los gobernadores se los elige, pero delegaban mucha autoridad en el funcionario de salud pública, al que generalmente ellos mismos han designado”, dijo Hauenschild.
Cuando la legislatura de Indiana anuló el veto del gobernador para aprobar un proyecto de ley que daba a los comisionados del condado el poder de revisar las órdenes de salud pública, el doctor David Welsh, el funcionario de salud pública en el condado rural de Ripley, quedó devastado.
De inmediato, la gente dejó de llamarlo para denunciar violaciones a las normas sobre COVID. Fue “como apagar un interruptor de luz”, dijo Welsh.
Está considerando renunciar. Si lo hace, se unirá a los cerca de 303 líderes de salud pública que ya se han retirado, renunciado o han sido despedidos desde que comenzó la pandemia, según un análisis en curso de KHN y AP. Eso significa que uno de cada cinco estadounidenses ha perdido a un líder de salud local en ese período.
“Esto es un golpe mortal” para el campo de la salud pública, dijo Brian Castrucci, director ejecutivo de la Beaumont Foundation, que aboga por la salud pública.
Los grupos de salud pública esperan una legislación más combativa.
El ex senador estatal demócrata de Oregon Wayne Fawbush dijo que algunos de los políticos de hoy pueden llegar a lamentar estas leyes.
Fawbush fue uno de los patrocinadores de la legislación de 1989 por la cual, 32 años después, el estado de Oregon no puede exigir que los trabajadores del campo de la salud que se vacunen contra COVID. Fawbush calificó la aprobación de leyes como un “asunto caótico” y dijo que no habría impulsado el proyecto de ley si hubiera sabido lo que iba a significar ahora.
Fuente: AP
