El gobierno extendió por otros 30 días el cierre de las fronteras con México y Canadá (hasta el 21 de mayo) como parte de las medidas para combatir la pandemia del coronavirus, medida que fue adoptada por primera vez en marzo del año pasado durante el gobierno de Donald Trump.
La Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), señaló en el decreto publicado en el Registro Federal (diario oficial) que las restricciones son aplicables a los puertos terrestres e entrada y el servicio de ferris entre Estados Unidos y México y Canadá.
La decisión fue tomada por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, y le permite al gobierno “limitar temporalmente la entrada de individuos provenientes de México en puertos terrestres de entrada a lo largo de la frontera con México en el sur y Canadá en el norte.
La prohibición solo permite el ingreso de personas y mercaderías consideradas “esenciales”, que incluye a ciudadanos, residentes legales permanentes y familiares inmediatos autorizados para entrar y/o permanecer en el país.
El Título 42 de mantiene
Si bien no se menciona en los decretos (tanto para el cierre de la frontera sur como la norte), el Título 42 del Código de Estados Unidos, que permite al gobierno expulsar inmediatamente a extranjeros por razones de salud pública, se mantiene vigente.
“La razón por la cual el DHS mantiene el cierre de las fronteras es por una emergencia nacional de salud púbica para impedir y evitar la propagación del coronavirus”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, (Arizona) y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.
Hernández dijo además que “recomendaría a las personas que están pensando viajar con una visa a Estados Unidos, que se informen y hagan sus planes de acuerdo con las reglas publicadas por el CBP. Y ver si necesitan entrar y lo pueden hacer por aire (vía aérea), que se aseguren que no tendrán problema cuando arriben a un aeropuerto en Estados Unidos”.
La crisis
La nueva prórroga del cierre de fronteras ocurre en medio de una crisis en la frontera con México que, desde enero, vulnera la política migratoria del gobierno de Joe Biden.
Entre los meses de febrero y marzo se registraron más 220,000 detenciones en la frontera sur y la mayoría de los extranjeros fueron expulsados a México bajo el Título 42. Quienes son rechazados por el país vecino son enviados a sus naciones de origen.
El gobierno ha enfatizado que, en cumplimiento con la ley, sólo está procesando a Menores No Acompañados (UAC), quienes son tomados bajo custodia, procesados y permitir que un juez de inmigración decida sus futuros en Estados Unidos.
Sólo algunas unidades familiares que México no recibe son tomados en custodia en Estados Unidos.
Postura oficial
A principios de febrero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el gobierno continuará expulsando migrantes en la frontera bajo el Título 42, medida invocada el año pasado por los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC)e respaldada por el gobierno de Trump.
Sin embargo, la postura asumida por el actual gobierno se encuentra bajo critica por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes.
“La invocación del Título 42 fue una acción intolerante y xenófoba apenas velada que ha logrado su objetivo de cortar el acceso al asilo para miles, encubierto con el pretexto de proteger la salud pública”, dice Efrén Olivares, subdirector legal del Proyecto de Justicia para Inmigrantes del Southern Poverty Law Center (SPLC).
Olivares dice además que “las expulsiones bajo el Título 42 son rotundamente contrarias a la misión declarada del gobierno de Biden de reparar el daño causado por la Administración anterior y crear un sistema de inmigración acogedor, justo y humano”.