El gobierno cubano utilizó la pandemia del coronavirus a lo largo de 2020 como pretexto para aumentar los arrestos arbitrarios, los registros domiciliarios ilegales y los juicios simulados, según afirmó el martes el Departamento de Estado en un nuevo informe sobre las prácticas de derechos humanos en el país.
El informe del Departamento de Estado descubrió que las autoridades cubanas habían acusado a personas de “propagar una epidemia” por violar supuestamente las restricciones del COVID-19, y que los acusados fueron juzgados y condenados sin representación legal ni capacidad de defenderse.
El informe citaba a una organización no gubernamental que documentó al menos 34 casos en los cuales Cuba invocó violaciones relacionadas con el COVID-19 para detener a personas críticas del gobierno. En otros casos, el Ministerio de Justicia de Cuba dijo que “circunstancias extraordinarias” justificaban la celebración de juicios acelerados que, antes de la pandemia, se reservaban para casos relacionados con delitos contra la seguridad del Estado.
“El gobierno amplió los poderes de arresto arbitrario con el pretexto de controlar la pandemia del COVID-19”, indicó el informe del Departamento de Estado.
“Sobre la base de la emergencia de salud pública de la pandemia del COVID-19, la mayoría de los juicios se convirtieron en juicios sumarios, con muchos acusados de denuncias mal definidas de ‘propagación de una epidemia’ o de una serie de delitos denominados ‘actividad económica ilícita’, como el acaparamiento de bienes escasos”, señaló el informe.
La pandemia también se utilizó como pretexto para realizar controles relacionados con el COVID-19 de casa en casa que se convirtieron en “registros domiciliarios ilegales”, y para reprimir el culto religioso, añadió el informe.
UNA HISTORIA SIMILAR EN VENEZUELA
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, utilizó la crisis de la pandemia para declarar el “estado de alarma” y otorgarse el poder de “restringir los derechos estipulados en la Constitución”, según el informe del Departamento de Estado.
Estados Unidos no reconoce el gobierno de Maduro y lidera desde principios de 2019 una ofensiva para que el líder opositor, Juan Guaidó, sea reconocido como presidente interino de Venezuela.
Para que las personas pudieran acceder a las pruebas de detección del COVID-19 y a otros servicios, Maduro les exigía que obtuvieran una tarjeta de identificación. Los solicitantes de la tarjeta necesitaban proporcionar una prueba de afiliación política, una herramienta de “control social”, explicó el Departamento de Estado.
“El régimen ilegítimo de Maduro amenazó, acosó y arrestó a periodistas, políticos de la oposición y trabajadores de la salud por hablar sobre el COVID-19 y la respuesta a la pandemia”, indicó el informe.
El Departamento de Estado publica cada año reportes sobre las prácticas de derechos humanos de cada país.
El Secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que la pandemia ha agravado los ataques a las instituciones democráticas en todo el mundo.
“Todas estas alarmantes líneas de tendencia se ven agravadas por el COVID-19, al cual los gobiernos autocráticos han utilizado como pretexto para atacar a sus críticos y reprimir aún más los derechos humanos”, dijo Blinken.
Fuente: El Nuevo Herald