La junta federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico presentó el viernes un plan largamente esperado con el que busca reducir la deuda del territorio estadounidense en más de un 60% y salvarlo de la bancarrota.
El plan surge tres años después de que el Congreso estadounidense creó la junta y reduciría los pasivos de la isla de 35.000 millones de dólares a 12.000 millones, una medida que algunos creen que ayudaría a aliviar la crisis financiera de Puerto Rico en medio de una recesión de 13 años.
«Hoy hemos tomado un gran paso para dejar atrás la quiebra», dijo el presidente de la junta directiva, José Carrión. «Tres años después de que el Congreso aprobara PROMESA y a dos años del peor huracán en los últimos 100 años en la historia de Puerto Rico, después de más de una década de declive económico y desorden fiscal y de que miles de puertorriqueños abandonaran la isla en busca de prosperidad, hemos alcanzado un punto de inflexión», agregó.
Puerto Rico sufría una deuda de más de 70.000 millones de dólares tras décadas de mala administración, corrupción y préstamos excesivos. En junio de 2015, el gobierno declaró la deuda impagable y en mayo de 2017, Puerto Rico presentó la mayor declaración municipal de bancarrota en la historia del país.
Desde entonces se han logrado varios acuerdos con tenedores de bonos emitidos por agencias estatales puertorriqueñas. El plan más reciente concierne a bonos generales de deuda y otras obligaciones del gobierno.
El plan más reciente aún debe ser aprobado por un juez federal que supervisa el proceso de bancarrota en momentos en que la isla todavía se recupera del huracán María. La infraestructura de la isla sigue siendo frágil y la compañía de electricidad el jueves anunció interrupciones selectivas debido a la demanda excesiva y el endeble estado de la red eléctrica.
La junta financiera se reunió el viernes para analizar el plan y afirmó que si bien anticipan resistencia por parte de acreedores, la reestructuración es necesaria.
La directora ejecutiva de la junta, Natalie Jaresko, declaró que la bancarrota de Puerto Rico es mayor que la que sufrió General Motors en 2009 y elogió el plan de reducir la deuda de la isla en un 60%.
Sin embargo, Carrión reconoció que el plan por sí solo no solucionará todos los problemas económicos de Puerto Rico.
«No es una panacea… Nada puede ocurrir sin salir de la bancarrota», expresó.
El plan además reestructura bonos de deuda generales y otros papeles emitidos en años anteriores por los gobiernos puertorriqueños. Los acreedores que poseen bonos emitidos después de 2011 sufrirán pérdidas ya que esa deuda ha sido calificada de inconstitucional.
De ser aprobado, el plan reduciría en un 8,5% las pensiones para los jubilados que reciban más de 1.200 dólares al mes, una medida a la que se ha resistido el gobierno puertorriqueño. El sistema público de pensiones de Puerto Rico tiene actualmente obligaciones de pagar 50.000 millones de dólares en prestaciones, pero no tiene los fondos correspondientes.
El gobernador anterior de Puerto Rico, quien renunció en agosto en medio de protestas masivas, se oponía enfáticamente a las reducciones de las pensiones. No queda clara la posición de la actual gobernadora, Wanda Vázquez y su vocera no respondió de momento a pedidos de comentarios.
El plan también reduciría los pagos de servicio de deuda a menos de 9%, comparado con casi 30% antes que el Congreso aprobara el paquete de asistencia que llevó a la creación de la junta.
Fuente: AP
