Las cifras y hechos sobre la situación de las libertades fundamentales en Cuba durante el pasado año 2018, que aparecen en un informe elaborado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y presentado el martes en Miami por esa organización multinacional, dejan en claro que una vez más el régimen castrista obtuvo una pésima calificación en ese tema.
Durante ese año, –destaca el reporte– la CIDH observó en Cuba la persistencia de las vulneraciones al derecho a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, a la protección contra la detención arbitraria, a la inviolabilidad del domicilio, a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia, a la residencia y tránsito, a las garantías judiciales mínimas y a la protección judicial de personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, políticos y periodistas independientes.
Resalta que entre enero y noviembre de 2018, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó 2.150 detenciones arbitrarias sumarias, mientras que la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) registró 2697 de esas detenciones en el mismo periodo.
Los movimientos de las Damas de Blanco, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Somos Más y el Frente Orlando Zapata Tamayo siguen siendo las organizaciones frecuentemente afectadas, de acuerdo con el informe dado a conocer en el marco de un evento al que asistieron líderes cubanos en el exilio y personas que se presentaron como “víctimas del castrismo”, entre otros.
Según el reporte de 34 páginas, los tipos penales más utilizados para la represión en Cuba son acusaciones de atentado, desacato, peligrosidad social predelictiva, impago de multas, desorden público, resistencia o rebelión, y actividad económica ilícita. Con frecuencia –subraya–, estas “detenciones sumarias” serían acompañadas de “agresiones físicas y verbales”.
Nuevamente, la Comisión observó el uso de tácticas represivas como los “allanamientos de morada y confiscación de bienes”, generalmente vinculados a “imputaciones artificiosas” o a “causas penales de montaje”, como también las “indebidas restricciones de salida del país” y “al libre tránsito en el territorio”, además de la “estigmatización y desprestigio”.
A lo largo de ese año, la CIDH continuó recibiendo información sobre restricciones de salida del país especialmente de defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y comunicadores sociales cuando pretendían asistir a conferencias y eventos internacionales, así como también restricciones de movilidad al interior del país.
La CIDH dijo al respecto que “continúa preocupada” por la permanencia de la “pena de muerte como sanción” en un número significativo de tipos penales en Cuba, y advierte que la pena capital está “prescrita”, en especial en delitos contra la seguridad del Estado.
Asimismo, la CIDH nuevamente indicó que “reconoce y valora” las acciones llevadas a cabo para fomentar los derechos en Cuba y destaca la “cooperación internacional” que “ofrece el pueblo cubano a países de la región en materia de salud, educación, cultura, entre otros”.
Libertad de expresión
Durante 2018, la situación del derecho a la libertad de expresión en la isla caribeña no experimentó “cambios sustanciales” y continuó “bajo represión y control estatal”, acorde con la recopilación de hechos realizada por la CIDH.
En efecto, continúan siendo “frecuentes” en Cuba los “procesos penales como medio de inhibir o castigar expresiones y posiciones críticas del oficialismo”. También “las citaciones o visitas policiales amenazantes, las presiones sobre familiares y restricciones de viajes de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y disidentes políticos”.
En ese lapso, la CIDH también tuvo conocimiento de la realización de interrogatorios con el fin de intimidar a periodistas independientes. Según lo informado, esos comunicadores serían “directamente amenazados por agentes estatales con ser privados de libertad” u otras represalias por el ejercicio del periodismo.
Entre los periodistas que habrían sido detenidos en 2018 se encuentran Roberto de Jesús Quiñones, de Cubanet; Manuel Alejandro León Velázquez, de Diario de Cuba y miembro de la agencia de audiovisuales Palenque Visión; y Eider Frómeto Allen, según el reporte.
Entretanto, la CIDH recibió información que acredita que la población cubana enfrenta serios obstáculos para conectar y tener acceso universal a Internet. Por lo anterior, reiteró al “Estado cubano” que amplíe la conectividad “sin restricciones”.
Personas privadas de libertad
En otro aparte de su informe anual, la comisión indicó que obtuvo información que da cuenta de la persistencia de “deficientes condiciones de detención y graves violaciones de derechos humanos que enfrentan las personas privadas de libertad en Cuba”, y dijo que “esta población se caracteriza por hacinamiento, condiciones deplorables de detención, malos tratos y hechos de violencia”.
En tal sentido, la CIDH manifestó su preocupación por la falta de cifras recientes sobre personas privadas de su libertad y recurrió a estadísticas que datan de 2012 en las que se registraba un total de 57.337 casos. Por su parte –enfatiza el reporte–, organizaciones de la sociedad civil estiman que el número total de personas detenidas oscila entre 60.000 y 70.000 personas.
Frente a estas condiciones de detención, y considerando la falta de mecanismos para la presentación de los respectivos reclamos, la CIDH considera que es de “especial preocupación” que las personas detenidas continúan “recurriendo para protestar ante la vulneración de derechos, a huelgas de hambre, inoculación de virus como el VIH y autoagresiones”.
Entre los malos tratos que recibe la población carcelaria en Cuba destacan las golpizas, humillaciones, represalias judiciales y traslados arbitrarios, según la CIDH.
Recomendaciones
La CIDH reiteró su interés de realizar una primera visita in loco a Cuba, a modo de iniciar el acercamiento y el “diálogo respetuoso” con el “Estado cubano”.
Además, solicitó al régimen cubano adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar actos de hostigamiento, amenazas, agresiones, estigmatización, persecución y criminalización cometidas por las autoridades Estatales, o con su aquiescencia, en perjuicio de disidentes, activistas, defensoras de derechos humanos, periodistas y trabajadores de medios de comunicación social.
También demandó que, en el ejercicio del derecho al tránsito, las personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas independientes, líderes sociales y políticos “no sean sometidos a obstáculos injustificados, absteniéndose de confiscar o destruir sus materiales y herramientas de trabajo”.
De igual forma, la CIDH hizo otras recomendaciones en cuanto a programas y campañas que beneficien a personas afrodescendientes; niñas, niños y adolescentes; personas LGBTI, personas privadas de libertad, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres, entre otros tópicos.
Fuente: DLA